Representantes de diversas organizaciones de taxis dirigieron un documento a la gobernadora Margarita González Saravia, en el cual solicitan combatir la competencia desleal y simplificar la carga burocrática en trámites del gremio.
Los líderes del sector, entre ellos Apolinar Enrique Rodríguez Zagal y Laurencio Díaz Morales, advirtieron que el crecimiento “indiscriminado” de nuevas concesiones, así como la operación de plataformas digitales como Uber y Didi —las cuales, aseguran, no están sujetas a las mismas regulaciones de la Coordinación General de Movilidad y Transporte—, ha generado prácticas discriminatorias y una desventaja económica crítica para los concesionarios tradicionales.
A este escenario se suman los efectos económicos derivados de la pandemia, el incremento en el costo de refacciones y combustibles, factores que, señalaron, han limitado la posibilidad de renovar el parque vehicular y mantener unidades en condiciones óptimas.
Asimismo, los transportistas expresaron que actualmente enfrentan un “exceso de requisitos” administrativos, como la presentación de constancias del SAT o comprobantes de pagos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, además de trámites que calificaron como redundantes, entre ellos la pre-revista mecánica para vehículos nuevos o la presentación de unidades ante la fiscalía, aun cuando cuentan con facturación legal.
Ante esta problemática, el gremio planteó la creación de una plataforma tecnológica gubernamental de movilidad que integre a los grupos de radiotaxi y sitios debidamente autorizados. Dicha herramienta permitiría al Gobierno del Estado otorgar financiamiento para la adquisición de dispositivos GPS, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios mediante unidades plenamente localizables y operadores certificados.
Los representantes señalaron que esta propuesta busca fortalecer programas como “Viaja Segura”, el cual —acusaron— carece actualmente de seguimiento y resultados claros.
Finalmente, solicitaron la implementación de subsidios en trámites considerados clave para la regularización y modernización del servicio, como la renovación de concesiones, cesiones de derechos y el pago de impuestos por compraventa de unidades.