CUERNAVACA, MORELOS.- Para contar con instrumentos legales encaminados a la salvaguarda, vigilancia y respeto de los derechos pro persona, la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentó a nombre del Grupo Parlamentario del PAN iniciativa para crear la Ley para Prevenir, Erradicar y Proteger a las Víctimas de Trata de Personas en el Estado.
El documento subraya que según el Protocolo de Palermo, la trata de personas es la captación, transporte, traslado o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
 Popoca Sotelo destaca que según datos del “Índice Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante la Trata de Personas”, después de la venta de drogas y armas, la trata es el tercer negocio ilícito más redituable, mientras que la suma de violencias como la social, física, económica y emocional son las precursoras de este delito.
Detalló en su propuesta que de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que se publicó en el año 2012, los congresos de los estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, deben hacer las reformas pertinentes en la materia y leyes específicas, para armonizarlas con dicho ordenamiento.

"Es de suma importancia que en el estado se prevenga, erradique y se proteja contra la trata de personas.” Norma Alicia Popoca, presidenta de la Comisión de Igualdad

Estadística
La propuesta refiere que cifras del INEGI dan una dimensión del problema.

Cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata; 79% son utilizadas para explotación sexual, 3% extracción de órganos y 18 % explotación laboral.

De 3.6 millones de personas, el 31% es menor de edad (5 a 17 años), y el 70% migrantes e indígenas obligados a realizar trabajos peligrosos.

Por: DDM REDACCIÒN /  [email protected]

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