La eleccción de magistradas y magistrados por parte diputados que integran el grupo del G-15 obedeció a intereses políticos, afirmó Checo Pérez Flores, vicepresidente del Senado de la República.
“No privilegiaron los mejores perfiles con carrera judicial y formación académica, que pudieran garantizar a la ciudadanía morelense la obtención de la anhelada justicia imparcial, pronta y expedita”, agregó.
Es el caso del ex diputado Javier Mújica Díaz, quien es colaborador de la diputada Tania Valentina, presidenta del Partido del Trabajo; Cecilia López es hijastra del priísta Jorge Meade Ocaranza y Arturo Loza Flores es colaborador cercano del diputado Alberto Sánchez, entre otros casos.
Pérez Flores destacó que en algunos casos habría conflictos de intereses, por ejemplo, la designación de María Luisa Sánchez Osorio, que aunque tiene experiencia como jueza y notaria, es la esposa del Fiscal Uriel Carmona, por lo que podrían coincidir, desde lados opuestos, en algún procedimiento judicial de en segunda instancia.
En el caso de Rolfi González, esposo de la magistrada Guillermina Jiménez Serafín, podrían influir en decisiones judiciales.