CUERNAVACA, MORELOS .- La madrugada del 12 de julio de 2017, dos personas, a bordo del vehículo en el que viajaban, cayeron en un socavón que se formó en el Paso Exprés; quedaron atrapadas y aunque lograron pedir ayuda, finalmente murieron asfixiadas; eran padre e hijo.
A cinco años de distancia, esta historia empieza a quedar en el olvido. Desde entonces, no ha pasado un solo año en que la obra que fue objeto de amplios cuestionamientos, no registre alguna intervención de corrección debido a que los vicios de origen, con la que fue ejecutada, parecen interminables.
Así, el costo de la ampliación del entonces libramiento de Cuernavaca, de cuatro a diez carriles se ha convertido en otro “socavón”, en el financiero; el cual empezó con el aumento de un cien por ciento del presupuesto original con el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lo autorizó.
Como consecuencia de las irregularidades económicas, las fallas técnicas que impidieron prever el hundimiento del asfalto a la altura de la Barranca de Santo Cristo, en Chipitlán, el delegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta fue removido del cargo, y el 12 de septiembre de 2017 figuró entre los presuntos responsables de 22 observaciones que la ASF hizo, como resultado de la auditoría de los 2 mil 213 millones de pesos que costó la obra y los contratos de adjudicación.
A finales de 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre la inhabilitación por 10 años para ex funcionarios de la SCT, entre ellos Alarcón Ezeta, Eduardo Saavedra Mota, residente general de la obra; y Teresa León Reséndiz y Josué Robles Rodríguez, también residentes, entre otros, aunque en 2020 trascendió que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la inhabilitación contra el residente general de la obra.
Por: ANTONIETA SÁNCHEZ
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