En ninguna entidad donde los automóviles son sometidos a la verificación “ecológica”, el servicio es tan malo como en Morelos. Son los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y la Ciudad de México que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis. En términos de servicio, aquí los verificentros son un fiasco, malo y caro, 500 pesos contra 230 hace apenas tres años. Monopolizado el contrato de concesión y ya sin la intervención de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), como sucedió por años, los centros de verificación pertenecen a una sola empresa, no cuarenta y tantas como ocurrió por décadas. “Lo cual desde el inicio de la asignación del contrato suscitó sospechas de corrupción, que prevalecen”, señalaba ya el columnista en diciembre de 2017. Hoy, en el contexto del cambio del Gobierno Estatal la situación no ha cambiado. Abundan las quejas de automovilistas, porque, además de oneroso el trámite es insoportablemente lento, y porque más que malo el servicio de los centros de verificación automotriz ha sido pésimo. ¿Quién o quiénes son los dueños de los verificentros? Propietario de uno de los que desaparecieron tres años atrás, las consideraciones del empresario cuautlense Jesús Becerril Acosta resultan interesantes. Expone: 1.–El hecho de cerrar 41 verificentros, decretar la apertura de sólo 12 y que funcionen 8, fue a todas luces crear un monopolio, lo cual está prohibido por la Constitución Política Mexicana. 2.–Todos los verificentros que están funcionando se encuentra a nombre de empresas o personas morales (S.A.) porque es una forma de ocultar su perversidad y la titularidad de los mismos. Son de Jorge Kahwagi Macari (empresario y político) y unos eran de Rodrigo Gayosso Cepeda, lo que es ilegal, y además, funcionan con irregularidades. 3.–Las supuestas razones por las que cerraron los 41 verificentros fue por falta de tecnología, el OBDII ¿y corrupción? Sólo habrá que ver de qué lado está (la autoridad). ¿Cuándo han visto a flotillas de vehículos de empresas o cadenas comerciales formados en alguno de los actuales VFs, o de autos oficiales del gobierno o taxis, combis o micros. ¡Nunca! ¿No las realizan o quién está “paqueteando”? ¿Eso no es corrupción? 4.–Para otorgar una concesión, se determinó que se debía cumplir una serie de requisitos, entre ellos, tener un terreno con una superficie determinada (1,000 M2.) y en los municipios previamente seleccionados donde no hubiese existido ya otro VFs de los clausurados. En esto violan dicha disposición e incluso rentaron locales a compañeros nuestros, que no les permitieron participar en la convocatoria. Otra ilegalidad más. 5.–Establecen requisitos que no cumplen los actuales VFs. Por ejemplo, fijaron el número de líneas verificadoras de hasta cuatro a gasolina y una a diésel, lo que no se cumple. Otro ejemplo son los “contenedores o cambiadores para pañales de bebe”, instalaciones especiales para personas con discapacidad (que) son inexistentes y en algunos no hay agua (Yecapixtla y Yautepec). 6.–El otorgamiento de las concesiones emitidas es por 20 años, rebasando el término de la administración gubernamental, lo cual es violatorio de competencia administrativa y pone en claro el interés de proteger a quién invirtió en éstos. 7.– Impusieron un precio arbitrario al costo de la verificación, sin justificación o sustento alguno, cuando hay zonas en donde las personas tienen vehículos viejos pero deben pagar lo mismo que los dueños de autos de lujo. Es injusto. 8.–Existe molestia por parte del transporte público. Aunque presenten una unidad nueva, no les otorgan la verificación doble cero, cuando verificaban en la CDMX sí se las otorgaban y otros modelos ni aparecen en la tabla de valores del software. Y eso es porque en la CDMX no hay combis para esta clase de servicio, sólo micros. 9.–La falta de capacidad y experiencia en los técnicos hace que el programa sea lento y en muchas ocasiones resulten rechazados por exceder el tiempo en la “estación de verificación” por falta de pericia para controlar el auto… Constantino Maldonado Krinis, secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, reprocha el desmantelamiento de los verificentros. Declaró la semana anterior: “dejaron sin dinero y sin equipo los centros de verificación vehicular, nos dejaron un desastre, nos dejaron sin dinero, sin equipo, lo cual es un tema muy serio, por lo que habrá auditorías como lo dijo el Gobernador”. En tanto, advierten expertos: el problema es que el área de control del aire de la SDS no cuenta con personal capaz... (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán