El 9 de diciembre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una serie de iniciativas que fueron aprobadas por el senado de la república dentro de la Ley de Seguridad Nacional sobre los llamados “agentes extranjeros”. En dicha reforma se incluye que los agentes foráneos podrán ser autorizados para internarse de manera temporal en el País para el “intercambio de información” con las autoridades correspondientes; carecerán de inmunidad diplomática y tendrán prohibido realizar detenciones o cualquier acción que ponga en peligro su integridad.
La nueva regulación tiene contemplada a todos los agentes extranjeros que entren a México en calidad de policías, como es el caso de los agentes de la DEA (policía antinarcóticos de Estados Unidos) y en todos los casos en que la policía de cualquier país penetre al nuestro a investigar, a perseguir o a detener, a cualquier persona o entidad gubernamental o de cualquier especie a manos de agentes extranjeros.
En un estudio publicado en La Jornada, explica cómo están las policías extranjeras nsertadas en nuestro País, además de apuntar el número de estados que aquí residen. Nos cuenta que esto aparentemente está dirigido a todas las corporaciones del mundo, pero realmente va dirigido a las agencias policiacas estadunidenses que “trabajan” dentro de México.
La misión de los agentes extranjeros es observar sobre el terreno, recolectar, analizar, almacenar, elaborar y entregar información de inteligencia táctica, operacional y/o estratégica que sea útil a quienes tomen decisiones. Pero como ya ha sido comprobado, los agentes estadunidenses han participado también en el secuestro, en la detención y en la muerte de narcotraficantes y funcionarios mexicanos.
Como ejemplo tenemos la detención del general retirado, Salvador Cienfuegos que tomó lugar no hace mucho en un aeropuerto en Estados Unidos cuando éste iba de paseo. El arresto del general Cienfuegos fue hecho en absoluto secreto, sin dar aviso a las autoridades mexicanas como había sido pactado.
De igual forma fue detenido el ex jefe de la policía: Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón, a partir de información obtenida en México la que no fue notificada al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a ninguna otra dependencia gubernamental.
También están los casos del policía antidrogas de Estados Unidos (DEA), quien vistiendo un uniforme de la marina mexicana y portando un fusil de uso exclusivo de las fuerzas armadas mexicanas, participó en el escape de la prisión en 2014 dentro de Puente Grande del Capo Güzmán, así como en los edificios Altitud de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, cuando la ejecución del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva por un grupo de élite de la Marina; en 2009 el secuestro en Guadalajara del doctor Humberto Álvarez Machain, acusado por Washington de haber participado en la tortura y asesinato del ex agente de la DEA Enrique Camarena Álvarez quien fue llevado en un avión privado a El Paso Texas, donde fue arrestado.
La reforma del Artículo constitucional está dirigida contra los agentes del extranjero, como funcionarios del exterior que en sus países ejercen puestos policiales, de inspección o supervisión de leyes y otras disposiciones de carácter técnico especializado o reglamentario. Al estar enmarcada dentro de la Ley de Seguridad Nacional.
Además del personal de la DEA (la cual cuenta con 58 agentes y 11 oficinas en México distribuidas en puntos estratégicos en el territorio nacional, (además del edificio que Calderón les regaló en el Paseo se la Reforma), las nuevas regulaciones incluyen a los agentes de la CIA; la agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego responsable de la “Operación Rápido y Furioso”, a la oficina Federal de Investigación (FBI) la Agencia de Seguridad Nacional (NSA); la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), el Cuerpo de Alguaciles (US Marshals Service), el Departamento de Justicia de Inmigración y Aduanas (ICE) y media docena de agencias más.
Los agentes que operan en México están registrados bajo la cobertura de “agregados militares” o como “personal consular” de la embajada de Estados Unidos, escudados por un pasaporte diplomático y pese a lo establecido en la Constitución y al discurso oficial del gobierno, todos portan armas cuando están trabajando.
También cuentan con tecnología altamente sofisticada para interceptar llamadas telefónicas y hacer rastreo satelital. Entre sus tareas están incluidas las relaciones con altas figuras de la política nacional, autoridades mexicanas y tienen armadas redes con contactos o informantes (soplones, incluidos policías y periodistas) que reciben su buena paga.
De ahí que entre las nuevas regulaciones figure la pérdida de la inmunidad diplomática de los agentes extranjeros y que puedan ser llevados ante un tribunal en México para enfrentar las consecuencias de sus actos. A esto se suman los “agentes encubiertos” que actúan sin permisos de las autoridades mexicanas, las cuales llevan a cabo acciones subversivas o desestabilización y labores de espionaje por todo el territorio pero en especial dentro del gobierno de México.
Realmente están dirigidas hacia las fuerzas armadas y de investigación que funcionan por su parte, sin hacer del conocimiento a sus pares de este País y actuar como si estuvieran dentro de la Unión Americana, como funcionaba en 1974 con la CIA en tiempos de Luis Echeverría, sólo que desde entonces se preparó a la DEA para controlar exclusivamente a los grandes narcotraficantes que no estuvieran a las órdenes y control de Washington.
En aquel tiempo, en que la CIA tenía el control del espionaje en casi todos los países alrededor del occidente, los únicos lugares que no controlaban eran los países comunistas del este y gran parte de Asia.
Pero si lo hacen con los narcos dentro de Estados Unidos en beneficio de la enorme cantidad de adictos que existen en aquel País y cuyas drogas son utilizadas por la juventud, para que no sólo dejen los jóvenes estadunidenses de pensar y razonar por si mismos, sino tenerlos listos para una segura guerra de las que el sistema está siempre preparando para poder vender su armamento y seguir controlando al mundo cual si fuera el policía del Planeta Tierra.
La reforma busca dotar a México de un marco legal en su cooperación con otros países en materia de seguridad y hacer efectivo el principio de reciprocidad entre estas naciones y un segundo paso será el poder deshacerse de esa pesada carga que ha sido el tratado de la “Iniciativa Mérida” firmada por el presidente de EEUU Gorge W. Bush y el presidente Felipe Calderón, diseñado para defender exclusivamente los intereses de aquel País y formulada por Washington y no de las autoridades mexicanas.
Calderón cedió parte de nuestra soberanía en áreas estratégicas que tenían que ver con la inteligencia y la seguridad nacional, en tanto Bush logró colocar en México dentro de su política armamentista por todo el mundo incluyendo la parte del control y adoctrinamiento de ambos equipos policiales dentro de los Estados Unidos, para que con la misma mentalidad y tácticas puedan defender los intereses de los comerciantes de armas, el controlar a los narcotraficantes de toda América Latina por la vía que a ellos les parece más correcta.
Por: Rafael Benabib / rafaelbenabib@hotmail.com