Hermosillo, Sonora.– Dieciséis años, cuatro meses y tres días. Ese es el tiempo exacto que ha transcurrido desde el fatídico 5 de junio de 2009, cuando un incendio devoró la Guardería ABC en Hermosillo, dejando un saldo de 49 niños muertos y más de 100 heridos, muchos de ellos con secuelas permanentes. Hoy, en un giro que revive el dolor colectivo de una nación, Roberto Copado Gutiérrez, quien fungía como director de la Unidad Municipal de Protección Civil en esa fecha, fue arrestado en Arizona, Estados Unidos. La detención, ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se basa en una ficha roja emitida por Interpol a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de México.
Copado, de 58 años, se encuentra actualmente recluido en la prisión migratoria de Florence, Arizona, a la espera de un proceso de extradición que podría llevarlo de vuelta a México para cumplir una sentencia pendiente de 5 años y 7 meses por homicidio culposo y lesiones. Esta no es la primera vez que enfrenta la justicia: ha sido detenido en dos ocasiones previas, en 2010 y 2016, pero en ambas logró su libertad mediante el pago de fianzas y apelaciones que dilataron el proceso.
Fuentes cercanas a la investigación revelan que Copado huyó a Estados Unidos en 2022, tras una orden de reaprehensión emitida por un juez federal, viviendo en la sombra hasta su captura reciente.
El incendio de la Guardería ABC no fue un accidente aislado, sino el resultado de una cadena de negligencias y corrupción que involucró a funcionarios, empresarios y hasta vínculos políticos de alto nivel. La guardería, subcontratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), operaba en un almacén reconvertido sin las medidas de seguridad adecuadas: salidas de emergencia bloqueadas, detectores de humo inexistentes y materiales inflamables almacenados en un edificio contiguo propiedad de la Secretaría de Hacienda de Sonora.
Copado, como responsable de las inspecciones municipales, firmó dictámenes que avalaban el funcionamiento del centro infantil a pesar de evidentes violaciones a las normas de protección civil. "Era el guardián que falló en su deber", sentencia un informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2010, que documentó irregularidades en al menos 22 funcionarios implicados.
La detención de Copado llega en un momento simbólico, apenas dos meses después de la captura de Sandra Lucía Téllez Nieves, otra socia propietaria de la guardería, también en Arizona. Téllez, familiar lejano de Margarita Zavala –esposa del expresidente Felipe Calderón–, fue arrestada en agosto de 2025 y extraditada a México, donde cumple condena en el Cereso Femenil de Hermosillo.
Estos arrestos consecutivos han reavivado el clamor de las familias de las víctimas, agrupadas en organizaciones como Manos Unidas por Nuestros Niños y el Movimiento por la Justicia 5 de Junio. "La justicia tarda, pero llega", escribió en X Patricia Duarte, madre de una de las víctimas y vocera del grupo, en un post que acumuló miles de interacciones.
En redes sociales como X (anteriormente Twitter), el hashtag #GuarderíaABC ha resurgido con fuerza. Usuarios comparten testimonios desgarradores: "Mi hijo tenía solo 3 años. Copado firmó el permiso que lo condenó", relata un padre anónimo en un hilo viral.
Otros posts destacan la ironía: mientras Copado vivía libre en EU, las familias mexicanas luchaban por terapias médicas para los sobrevivientes. En Facebook, grupos como "Justicia para ABC" han organizado vigilias virtuales, exigiendo que el nuevo Poder Judicial –reformado recientemente– acelere los procesos pendientes contra otros implicados, incluyendo exdirectivos del IMSS y parientes de políticos panistas.
El caso ABC expone las grietas del sistema judicial mexicano: de los 22 sentenciados originalmente, solo unos pocos han cumplido penas efectivas. La SCJN determinó en 2010 que hubo "responsabilidades graves" de funcionarios federales y estatales, pero las conexiones políticas –como los lazos de los propietarios con la familia Calderón-Zavala– han sido señaladas como obstáculos para la justicia plena.
"Esto no es sólo sobre Copado; es sobre un sistema que protegió a los poderosos mientras las víctimas eran revictimizadas", afirma Julio César Márquez, padre de otro niño fallecido, en una entrevista reciente con El País.
La FGR ha confirmado que solicitará la extradición inmediata de Copado, un proceso que podría tardar meses bajo el tratado bilateral México-EE.UU. Mientras tanto, en Hermosillo, un memorial erigido en el sitio del incendio –con 49 ángeles de bronce– sirve como recordatorio perenne. "No descansaremos hasta que todos paguen", declara el colectivo de padres en un comunicado difundido hoy.
Esta detención no cierra el capítulo, pero enciende una luz de esperanza en un túnel de impunidad. Para las familias, es un paso hacia la reparación; para México, un espejo de sus deudas pendientes con la justicia. La pregunta ahora es: ¿seguirán cayendo los dominós, o este será otro capítulo inconcluso en la historia de tragedias nacionales?