El gobierno japonés ejecutó este viernes a Takahiro Shiraishi, apodado por los medios como el “asesino de Twitter”, responsable del asesinato de nueve personas en 2017, a quienes contactó a través de redes sociales con la falsa promesa de ayudarlas a suicidarse.
La ejecución se llevó a cabo en el Centro de Detención de Tokio, convirtiéndose en la primera pena capital que se aplica en el país desde 2022. La decisión fue firmada por el ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, quien aseguró que la medida se tomó tras un “análisis exhaustivo” del caso.
Shiraishi, de 34 años, utilizó Twitter (ahora X) para buscar personas con tendencias suicidas, especialmente jóvenes de entre 15 y 26 años, con quienes iniciaba contacto directo. Les ofrecía acompañamiento para morir o incluso morir juntos. Sin embargo, tras ganarse su confianza, las llevaba a su apartamento en Zama, prefectura de Kanagawa, donde las asesinaba y desmembraba.
La policía descubrió los crímenes en octubre de 2017, cuando hallaron restos humanos en cajas y refrigeradores dentro de su domicilio. Shiraishi fue arrestado en ese momento y confesó los asesinatos.
Durante el juicio, celebrado en 2020, el acusado se declaró culpable y sus abogados argumentaron que las víctimas habían consentido morir. Sin embargo, el tribunal rechazó esa línea de defensa al considerar que varias víctimas mostraron signos de resistencia y fueron agredidas sexualmente. Fue entonces sentenciado a pena de muerte.
La ejecución fue realizada bajo el procedimiento habitual en Japón: en secreto, sin aviso previo al condenado ni a sus familiares. En este país, los reos en el corredor de la muerte son informados de su destino la misma mañana de su ejecución, lo que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos como una forma de tortura psicológica.
Japón mantiene actualmente a más de 100 personas en espera de ejecución y, junto con Estados Unidos, es uno de los pocos países del G7 que aún aplica la pena capital. Sin embargo, esta medida cuenta con fuerte respaldo social: una encuesta del gobierno japonés en 2024 reveló que más del 80% de la población la considera necesaria.
Shiraishi atrajo atención internacional no solo por la crueldad de sus crímenes, sino también por la manera en que utilizó redes sociales para manipular emocionalmente a sus víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes en situación vulnerable. Su caso impulsó en Japón una mayor discusión sobre la regulación del contenido en línea relacionado con el suicidio y el uso responsable de plataformas digitales.