En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTQ+, ayer 28 de junio, la especialista en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Roselia Rivera Almazán, señaló que aún hay pendientes en materia de inclusión y, en el tema electoral, los tribunales enfrentarán el reto en el próximo proceso.
La doctora en Derecho y Globalización por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM dictó ayer la conferencia “La inclusión y la justicia electoral” en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), como parte de la agenda local que se desarrolló a propósito de la fecha.
Ante un público, integrado por magistradas y personal del órgano electoral, y personas interesadas en el tema, la académica diferenció el concepto general de género, del de identidad y diversidad.
Destacó que, cuando la homosexualidad salió del catálogo de enfermedades, hace 28 años, empezó la construcción de una nueva cultura.
A partir de entonces el género empezó a tener un sentido más amplio, que dio pie a la diversidad, más allá del conjunto de prácticas, representaciones, normas y valores sociales con los que se entienden (o entendían) las relaciones de las personas a partir de la sexualidad.
Las personas LGBTTTIQ+ pasaron, de tener una voz que empezó a hacerlas visibles, a las cuotas electorales en la ley, señaló.
Un ejemplo de cómo la comunidad ha sido visible en el terreno de la justicia, es el caso del primer magistrado no binario, Ociel Baena, en Aguascalientes, quien cuestionó que el formato de registro, para participar en la convocatoria del cargo, sólo tuvo las opciones “hombre” y “mujer”, y no la de “no binario”, para referirse a la identidad del concursante.
La docente refirió que finalmente Ociel fue designado en el cargo por cumplir el perfil y no por su identidad, pero hablando del tema de inclusión y justicia electoral, dijo que los formatos sí deben tener la tercera casilla, como observó el ahora magistrade.
La ponente concluyó que el tema de la inclusión sigue siendo un reto para los magistrados electorales, que deberán tener la capacidad de hacer valer las diferencias que reclaman los grupos minoritarias, sin lesionar derechos otros grupos poblacionales.