La policía arrestó el martes al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández en su casa, en virtud de una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y armas.
El arresto se produjo menos de tres semanas después de que Hernández dejara el cargo, y luego de años de señalamientos por parte de fiscales estadounidenses sobre supuestos vínculos del dirigente hondureño con narcotraficantes.
Hernández salió de su casa flanqueado por la policía, con grilletes en las muñecas y los tobillos, y vistiendo un chaleco blindado. Subió a un vehículo de la policía que posteriormente partió. Un helicóptero de la policía que había estado esperando en las inmediaciones levantó el vuelo, pero parecía que sólo estaba escoltando la caravana.
La Corte Suprema de Justicia había designado a un juez el martes por la mañana para que se encargara del caso, y horas después el juez firmó la orden de arresto de Hernández, dijo el portavoz del tribunal, Melvin Duarte. La Secretaría de Seguridad, que tenía rodeado el domicilio de Hernández desde el lunes por la noche, actuó rápidamente para detenerlo.
El secretario de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, quien fue despedido por Hernández como jefe de la Policía Nacional en 2014, dijo el martes que Hernández se había asociado “con cárteles para el tráfico y corromper a muchas instituciones públicas, (lo) que generó deterioro social y anuló la aplicación de la justicia en Honduras”.
Dijo que los principales cargos a los que se enfrenta Hernández en Estados Unidos son tráfico de drogas, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa para usar armas en el tráfico de drogas.
Los fiscales federales en Nueva York habían implicado repetidamente a Hernández como cómplice durante el juicio por narcotráfico de su hermano en 2019, alegando que su ascenso político fue alimentado por ganancias del narcotráfico .
Su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados a drogas y armas en marzo de 2021. En su sentencia, el fiscal federal adjunto Matthew Laroche caracterizó los delitos como “tráfico de drogas patrocinado por el Estado”.
Nicole Navas, vocera del Departamento de Justicia de Estados Unidos, declinó el lunes hacer comentarios sobre la solicitud de extradición.
Hernández publicó una grabación de audio a través de Twitter a primera hora del martes en la que decía estar “presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente (...) para poder enfrentar esta situación y defenderme” si se emitía una orden de arresto.
La identidad del juez elegido para hacerse cargo del caso no fue informada de momento. Sin embargo, se sabe que el presidente de la corte, Rolando Argueta, es cercano a Hernández, y los 15 magistrados de la Corte Suprema fueron elegidos por el Congreso en 2016, durante el primer mandato de Hernández. Su periodo en la corte es de siete años, y la mayoría pertenecen al Partido Nacional, al igual que el expresidente.
Las maniobras de Estados Unidos fueron una caída largamente esperada para un líder vilipendiado en su país natal y que obtuvo el apoyo del gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump, pero que había sido distanciado por el gobierno de Joe Biden, que ha señalado que la corrupción endémica de Centroamérica es una de las principales causas de la migración.
El año pasado, una docena de senadores respaldaron una propuesta que buscaba aislar a Hernández a través de la imposición de sanciones en su contra y que prohibía la exportación de gas lacrimógeno y de balas de caucho que las fuerzas de seguridad hondureñas habían utilizado en los últimos años contra los manifestantes.
“A lo largo de los últimos ocho años de decadencia, depravación e impunidad, gobiernos estadounidenses consecutivos mancharon nuestra reputación tratando a Hernández como amigo y socio”, señaló en un comunicado emitido el martes el senador estadounidense Patrick Leahy, uno de los que apoyaron la iniciativa. “Al poner excusa tras excusa para un gobierno que no tenía legitimidad y que funcionaba como una empresa criminal, las autoridades estadounidenses perdieron de vista lo que representamos y que nuestro verdadero aliado es el pueblo hondureño”.
Dana Frank, experta en Honduras y profesora emérita de historia en la Universidad de California campus Santa Cruz, dijo que Estados Unidos quiere verse como un héroe por intentar finalmente llevar a Hernández ante la justicia, pero apuntó que varios gobiernos estadounidenses, que se remontan al dirigido por el expresidente Barack Obama, permitieron a Hernández actuar como lo hizo.
“Hernández pudo hacer estragos en Honduras, con costos devastadores, en gran parte debido a que Estados Unidos lo apoyó hasta el último momento”, comentó Frank.
Proceso de extradición
El abogado penal hondureño Marlon Duarte dijo que el proceso de extradición contra Hernández, en caso de que avance, no durará más de tres meses.
En una audiencia inicial, sería informado de los cargos que se le imputan y quedaría recluido en una base militar, explicó. Dentro de dos meses se llevaría a cabo otra audiencia en la que se presentaría la evidencia que tiene Estados Unidos y el juez tomaría una decisión sobre si debe ser extraditado.
Si el juez decide extraditarlo, Hernández tendría tres días para apelar la decisión. Entonces, el tribunal de apelaciones, que también es designado por la Corte Suprema, decidiría en cuestión de cinco días si ratifica la extradición o anula la decisión del juez. Pero, si el juez la rechaza, el gobierno estadounidense tendría la oportunidad de apelar.
Hernández dejó la presidencia el 27 de enero al ser juramentada la presidenta Xiomara Castro. Ese mismo día, Hernández prestó juramento como representante de Honduras ante el Parlamento Centroamericano.
Uno de sus abogados, Hermes Ramírez, dijo a medios locales que su cliente tenía inmunidad por su puesto en el parlamento regional e insistió en que las fuerzas de seguridad no estaban siguiendo el protocolo adecuado.
Varios contingentes de la Policía Nacional, incluidos agentes de las fuerzas especiales, así como efectivos de la policía militar, se hicieron presentes en los alrededores del vecindario de Hernández el lunes por la noche. Se colocaron barreras en todas las entradas que mantenían fuera de la zona a los medios de comunicación e incluso a los residentes.
Miembros de las fuerzas de seguridad entraron en el perímetro con armas, cubiertos con pasamontañas y con esposas colgadas de sus chalecos antibalas.
Como parte de su defensa, Hernández ha señalado a menudo que Honduras empezó a permitir la extradición de hondureños por delitos de drogas cuando él era presidente del Congreso.
Pero la fiscalía estadounidense ha alegado que recibió sobornos de narcotraficantes con la promesa de protegerlos una vez que fuera presidente del país.
En 2019, fiscales estadounidenses en Nueva York lo implicaron en numerosas ocasiones en el juicio de su hermano por delitos de drogas y afirmaron que las ganancias de las drogas financiaron su ascenso político.
Hernández asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2014. Más tarde aprovechó una Corte Suprema afín para evitar el veto constitucional a la reelección y obtuvo un segundo mandato en 2017 en elecciones que estuvieron empañadas por irregularidades.