Desde 2023, una creciente tendencia a nivel estatal y municipal en México ha marcado un punto de inflexión en la permisividad de los espectáculos públicos que glorifican actividades delictivas a través de los llamados 'narcocorridos'. Gobernadores y congresos locales han tomado medidas enérgicas, implementando desde fuertes multas económicas hasta la revocación de permisos para aquellos artistas que interpreten canciones con contenido alusivo al crimen organizado.
Aguascalientes y Michoacán se sumaron recientemente a esta postura en abril de 2025, prohibiendo espectáculos que promuevan o hagan apología de actos ilícitos. En Aguascalientes, el congreso local reformó el Código Penal, estableciendo sanciones de hasta un año de prisión o multas que superan los 100 mil pesos para quienes infrinjan la ley, medida aprobada en el marco de la Feria de San Marcos. Paralelamente, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó un decreto que prohíbe a nivel estatal la interpretación de música que haga apología a la violencia, a grupos delictivos y a personajes buscados por las autoridades.
Chihuahua fue pionero en esta restricción desde julio de 2023. El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, se convirtió en el primer artista en enfrentar las nuevas regulaciones, siendo multado con más de un millón de pesos en septiembre de ese año por interpretar contenido que hacía apología del delito y promovía la violencia contra la mujer. Esta sanción se basó en el "Reglamento de Justicia Cívica" municipal, que considera infracción la interpretación de música que exalte el delito en espectáculos públicos. Las sanciones en Chihuahua pueden ser arresto de 25 a 36 horas o multas económicas que oscilan entre 735 mil 410 y un millón 357 mil 680 pesos según el valor de la UMA vigente en 2025. Estas multas pueden duplicarse en caso de reincidencia en los últimos cinco años.
En Baja California, específicamente en Tijuana, la prohibición de narcocorridos en espectáculos públicos se concretó después de que amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) obligaran a la cancelación de conciertos de Peso Pluma y Fuerza Regida a finales de 2023. Aunque la alcaldesa Montserrat Caballero inicialmente negó que la cancelación fuera una orden gubernamental, poco después el cabildo aprobó por unanimidad la reforma al "Reglamento de Espectáculos Públicos de la Ciudad de Tijuana", prohibiendo la transmisión, exhibición o interpretación de música, videos o imágenes que promuevan la violencia o hagan apología del delito. Las multas en Tijuana por infringir esta norma varían entre 678 mil 840 y un millón 357 mil 680 pesos.
El Estado de México también tomó medidas preventivas ante la temporada de ferias regionales. La Secretaría de Seguridad estatal emitió comunicados a los ayuntamientos de Metepec, Texcoco y Tejupilco para evitar espectáculos que hicieran apología del delito, un ilícito ya tipificado en el Código Penal estatal. Esta advertencia afectó la presentación de Luis R. Conríquez en la Feria Internacional del Caballo de Texcoco y la Expo Feria Regional Tejupilco, lo que generó descontento y destrozos en el escenario de Texcoco. La violación de este artículo puede acarrear penas de prisión de tres a seis meses y multas de 30 a 60 días.
Nayarit fue más allá al publicar un decreto que prohíbe explícitamente la interpretación de géneros como "corridos tumbados", "narco corridos", "corridos", "corridos progresivos" y "corridos bélicos", así como cualquier otro que promueva la apología del delito y la violencia en eventos públicos organizados por cualquier entidad. La Secretaría de Seguridad Estatal está facultada para realizar inspecciones e imponer sanciones que incluyen la suspensión o revocación de permisos.
Incluso destinos turísticos como Cancún, en el estado de Quintana Roo, implementaron la prohibición de eventos musicales que promovieran la violencia a través de los narcocorridos desde julio de 2023, por instrucción de la alcaldesa Ana Patricia Peralta, lo que resultó en la cancelación de conciertos programados.
Actualmente, Jalisco y Tamaulipas se encuentran en proceso de discutir iniciativas para prohibir la apología del delito en espectáculos públicos. En Tamaulipas, la propuesta del diputado Claudio Alberto de Leija busca que los reglamentos municipales no otorguen permisos para eventos que promuevan la apología del delito, solicitando incluso el repertorio musical antes de conceder la autorización. En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus instruyó a estudiar un decreto para obligar a los municipios a prohibir la apología del delito en eventos públicos y establecimientos comerciales, tras la proyección de imágenes de un líder criminal en un concierto de Los Alegres del Barranco. Esta restricción se aplicaría a todos los espectáculos dependientes del gobierno estatal, incluyendo las Fiestas de Octubre, vetando a grupos con antecedentes de apología del delito.
A pesar de esta ola de prohibiciones a nivel estatal y municipal, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha manifestado en contra de promover dicha restricción a nivel nacional, abogando por promover la paz en lugar de prohibir. Sin embargo, la postura de varios gobiernos locales refleja una creciente preocupación por el impacto de los narcocorridos en la cultura y la seguridad pública en sus respectivas entidades.
