Representantes de la Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales sostuvieron una mesa de trabajo con autoridades del gobierno estatal para establecer lineamientos claros en la implementación de los operativos “Moto Segura”, tras denuncias sobre abusos y participación indebida de corporaciones federales en tareas de tránsito.
Diego Torres, vocero de la organización, informó que en el encuentro se alcanzó un primer acuerdo: en un plazo no mayor a 30 días, el gobierno entregará un documento oficial que delimite las atribuciones de cada corporación —municipal, estatal y federal— durante estos operativos. La medida busca evitar excesos y prácticas como el “cacería de motociclistas”, según denunció el representante.
“No estamos en contra de que se revisen documentos o se verifique la legalidad de las unidades. Pero consideramos que la Guardia Nacional no debe distraerse de sus funciones principales, como combatir el robo, el trasiego de mercancía ilegal o la detención de personas involucradas en delitos. No deben estar haciendo trabajo de tránsito”, sostuvo Torres.
El documento será difundido entre los agremiados para que conozcan sus derechos y puedan exigir que se respeten durante los operativos, agregó.
Además del tema de seguridad, se abordó la problemática de los corralones, que —según la organización— representan una segunda forma de victimización para conductores que ya han sido víctimas de robo o accidentes no imputables. Torres denunció cobros excesivos y casos en los que el monto por recuperar una motocicleta supera incluso el valor del vehículo.
“Nos roba la delincuencia y luego nos roba el corralón”, sentenció el vocero. “Queremos que se exima del pago a quienes hayan sido víctimas de delito o de un accidente sin responsabilidad propia”.
En ese sentido, el gremio anunció que llevará una propuesta al Congreso local para evitar cobros injustificados en casos de robo o accidente. Además, respaldan la iniciativa de establecer un tope a las tarifas de corralones y, a largo plazo, buscan que estos espacios dejen de estar en manos privadas para convertirse en propiedad pública.
“El resguardo vehicular es una función de seguridad pública, no un negocio privado. En la lógica del lucro, muchos corralones se benefician de la desinformación o la ineficiencia del sistema, y eso ya no lo vamos a permitir”, concluyó Torres.
La organización adelantó que continuará el diálogo con autoridades estatales y legisladores para avanzar en estos temas y garantizar condiciones más justas para los repartidores y conductores que trabajan mediante plataformas digitales en Morelos.
Salvador Rosas / salvador.rosas@diariodemorelos.com