El Congreso del Estado aprobó la armonización de su marco jurídico en materia de extorsión con la legislación federal, con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar mayor certeza jurídica a víctimas y autoridades.
La reforma elimina disposiciones locales y remite de manera directa a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente en todo el país. La publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad señala que fueron derogados los artículos 146, 146 Bis y 146 Ter del Código Penal del Estado de Morelos, que anteriormente tipificaban el delito a nivel local. A partir de la reforma constitucional y la expedición de la Ley General, la facultad para definir el tipo penal y las sanciones corresponde exclusivamente a la Federación, con el propósito de unificar criterios y evitar disparidades que pudieran ser aprovechadas por la delincuencia organizada. La Ley General establece que la extorsión consiste en obligar a una persona, mediante violencia, amenazas, intimidación o engaño, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio económico o de cualquier otra índole. El delito se persigue de oficio, contempla agravantes cuando participan servidores públicos o se afecta a sectores vulnerables, y prevé medidas de protección y atención integral para las víctimas.
ATRIBUCIONES DE MORELOS
Aunque la definición del delito es ahora federal, el Estado de Morelos conserva atribuciones en materia de prevención y operación. Mediante el Decreto 1066, se otorgó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado la facultad de diseñar y ejecutar la Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión, en coordinación con las autoridades federales y con énfasis en la protección de comerciantes, transportistas y pequeñas empresas. Se precisa que los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigor de la reforma continuarán conforme a la legislación anterior, salvo que la Ley General resulte más benéfica para la persona imputada, en apego al principio de retroactividad de la ley. La armonización fue publicada el pasado 28 de enero y responde a la demanda social de enfrentar con mayor eficacia un delito que afecta el patrimonio y la tranquilidad de las familias morelenses.