El Ayuntamiento de Cuernavaca no está en bancarrota, en quiebra ni en insolvencia, como lo quieren exhibir detractores del gobierno municipal; por el contrario, ostenta la calificación “estable” en sus finanzas, gracias al cumplimiento de los pagos de las deudas heredadas por administraciones anteriores desde 2009, por un total de 778 millones de pesos y a pagar en 2023 y 2025. Así lo informaron en conferencia de prensa conjunta, el Consejero Jurídico Rogelio Maldonado Bautista y el Tesorero José Reynold Quiñones Salinas. 

El concepto anterior, explicaron, significó una erogación de 152 millones de pesos desde el 1 de enero de 2019 a la fecha, además de enfrentar la eliminación por parte de la Federación de 160 mdp de “cobros adicionales” y la caída del 70 por ciento de la recaudación debido a la pandemia que del año pasado a este 2020 bajó de 128 a 39 mdp; todo ello sin dejar de otorgar los servicios públicos municipales, detallaron.

Ante el cumplimiento de los pagos de las deudas con tres instituciones bancarias, por parte de la administración municipal 2019-2021, dos calificadoras financieras, cambiaron de “positiva” a “estable” su designación, lo cual significa que la primera categoría implica “cumplimiento adecuado” y la segunda “confiabilidad” en el saneamiento de las finanzas municipales, informó el Tesorero del Ayuntamiento, José Reynolds Quiñones quien frente a los medios de comunicación, desglosó las cifras de la situación financiera de la administración municipal.

“Por tanto son calumniosas y falsas las versiones de malos manejos y otras mentiras sobre la conducta del alcalde Villalobos”, recalcó Quiñones Salinas.

En tanto, el Consejero Jurídico, Rogelio Maldonado Bautista, aclaró que son totalmente infundadas las versiones de actores políticos, algunos medios de comunicación y bots de redes sociales, sobre la bancarrota de la actual administración municipal y su petición de “desaparición del Ayuntamiento”.

Dijo que se trata de información tendenciosa y de intereses políticos, ya que “no hay un solo peso desviado por ningún  funcionario público y mucho menos del alcalde, a quien esas versiones manipuladas y sin sustento le pretenden achacar la inventada insolvencia económica municipal. Se ha pretendido desinformar con un supuesto enriquecimiento ilícito, cuando son situaciones que no existen”, reiteró el Consejero Jurídico.

Agregó que los laudos y sentencias laborales heredadas por pasadas administraciones suman cerca de 500 expedientes, por un total de 200 doscientos millones de pesos, de los cuales 150 casos ya están sentenciados y el resto son carpetas laborales que corresponden a asuntos civiles y administrativos; pero ante la posibilidad de enfrentar embargos precautorios, son susceptibles de negociarse y dar solución a los demandantes ante los tribunales. 

Rogelio Maldonado señaló que el criterio del Cabildo de Cuernavaca, ante la baja de recursos ha sido “privilegiar el interés y bien común de la mayoría de los cuernavacenses para que no dejen de recibir los servicios públicos, por encima del interés particular de solventar un laudo, hasta que se estabilice la actual situación financiera, por la que pasa el gobierno de Cuernavaca, al igual que muchos municipios, gobiernos y empresas del país.”

Por su parte, el Tesorero señaló que el pleno del Cabildo capitalino está al tanto del manejo de las finanzas del gobierno municipal, a través de la Comisión de Hacienda, integrada por cuatro regidores, quienes revisan los dictámenes de cortes de caja mensuales, los cuales pasan a votación del pleno del cuerpo edilicio. Ante ello, abundó: “el alcalde nos ha indicado que hay puertas abiertas a cualquier autoridad externa que requiera información sobre las finanzas municipales.”

A pregunta expresa, Reynolds Quiñones advirtió “Cuernavaca no es una ciudad abandonada, no han disminuido ni dejado de prestarse los servicios públicos municipales; la nómina no se ha dejado de pagar a los trabajadores, sólo se tuvo que diferir esta quincena que está cubierta y hemos cumplido los pagos a bancos de las deudas contraídas en diez años por la contratación de créditos, deudas que provienen de administraciones pasadas.”

El Tesorero explicó que los ingresos del Ayuntamiento en forma de participaciones de la Federación ascienden a entre el 40 y 45 por ciento del total, y que no bastan para su operación, mientras que los ingresos propios abarcan del 55 al 60 por ciento, los cuales, como ya se mencionó, cayeron en 70 por ciento pues “seguramente muchos contribuyentes ante los estragos de la pandemia, tuvieron que comprar alimentos o medicinas en lugar de pagar el predial”, citó como ejemplo.

En el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del Tesorero y del Consejero Jurídico, se dijo por último que la controversia constitucional interpuesta el pasado 26 de junio por el Gobierno del Estado debido a un supuesto incumplimiento del municipio, se debe a que el decreto respectivo gira instrucciones respecto al proceso de reapertura comercial pero sólo a las dependencias del Poder Ejecutivo.

El Ayuntamiento tienen 30 días para responder a dicha controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se atenderá y responderá en su momento, en espera de la respectiva resolución, ya que la política de la actual administración es cumplir con los requerimientos provenientes de las autoridades, cualesquiera que fueren, pues se actúa siempre conforme a derecho, coincidieron los funcionarios.