Morelos Rinde Cuentas (MRC) publicó un interesante documento de investigación y análisis que pone una alerta extraordinaria para la administración pública: Cuenta Regresiva: el riesgo financiero de las pensiones en Morelos (puede leerse en morelosrindecuentas.org.mx). Esta investigación muestra cómo se han incrementado exponencialmente os recursos destinados a las pensiones. Hacer que la gente tenga una vejez digna ha sido un reto enorme para los gobiernos. La jubilación es una característica particular de nuestra época, aunque existen antecedentes en las culturas griega y romana.
Históricamente, ha sido un camino largo y tortuoso. Los gobiernos han diseñado sistemas que les permitan sufragar la vejez, considerando que los ciudadanos han contribuido con su trabajo a la generación de riqueza social. En algunos países, el sistema de pensiones ha permitido garantizar una vida plena en la vejez. Claro que aquellos países con mayor riqueza han alcanzado mejores niveles de bienestar para sus adultos mayores. En México, ha sido una larga travesía con resultados mediocres.
Morelos Rinde Cuentas, al analizar la forma en que se pensiona a las personas que han trabajado para la administración pública estatal, ha puesto al descubierto una gran cantidad de irregularidades. Se advierte la ausencia de una ley actualizada, moderna, sólida y congruente con la realidad social. La Ley del Servicio Civil, que es donde se encuentran las obligaciones en materia de pensiones y jubilaciones, requiere una actualización urgente. Lo que fue pensado para una vejez digna se convirtió, en muchos casos, en oportunidades para unos cuantos privilegiados. Así lo muestra MRC.
Morelos no es la excepción en cuanto a contar con un sistema de pensiones ineficiente. La mayor parte de las entidades también tienen sistemas cuestionables. Por supuesto, la Federación también sufre este retraso. Basta decir que solamente una tercera parte de la población tendrá acceso a una pensión, lo cual está ligado a la enorme informalidad en el empleo. todos aquellos que viven en ella no tienen derecho a la jubilación. Hay que recordar que más de la mitad de la población trabaja en la informalidad.
El drama de un empleado de los gobiernos municipales y estatal, comienza cuando tiene que preparar su expediente para someterlo a la Cámara de Diputados local o a los cabildos. La jubilación, para ser aprobada, puede tardar hasta seis años. Pero aquellos que tuvieron la suerte de contar con la cercanía o amistad de diputados o de los cabildos ven su trámite resuelto en un par de semanas. Lo peor es que MRC, en el estudio, muestra con datos sólidos que al no existir límite de edad, se presta a la corrupción y con apenas unos cuestionables años de servicio se autorizan pensiones que rayan en lo inconcebible.
Hacer como que no pasa nada y esperar que el modelo actual entre en crisis significará que el Estado no tenga un peso para invertir en rubros como salud, educación, obra pública, etcétera. Urge el diseño de un nuevo sistema de pensiones en el que se contemple la experiencia de otras entidades que, aunque han enfrentado retos, han logrado un sistema más eficiente y congruente con la realidad. Se requiere la participación de todos los actores involucrados: sindicatos, asociaciones de abogados y sector social.
Sí se puede. La creación de un Instituto de Pensiones (Las hay en otros Estados) como lo sugiere Morelos Rinde Cuentas, debe tomarse muy en serio. No se debe dejar que la política resuelva una pensión a la que se tiene derecho. Los políticos son veleidosos y tienen intereses que nada tienen que ver con el esfuerzo de personas que trabajaron la mejor parte de su vida al servicio público. La pensión es un derecho establecido en la Constitución.
Seguir pateando el bote para que la siguiente administración resuelva el tema es una tontería. El gobierno del Estado tiene un presupuesto limitado. Debe convocar con urgencia a la construcción de un nuevo sistema de pensiones con una ley de avanzada que garantice un futuro digno a sus empleados y evite pensiones discrecionales injustas y exageradas que merman el presupuesto de los gobiernos Estatal y municipales.