En un año preelectoral, el Ayuntamiento de Cuernavaca insiste en mantener libres transferencias para disponer de recursos públicos con mayor margen de maniobra; el regidor Gabriel Rivas Ríos denunció que la administración municipal incluyó las libres transferencias en el proyecto presupuestal de 2026, pese a que en diciembre pasado el Cabildo no alcanzó el consenso necesario para aprobarlas.
En entrevista, el regidor Gabriel Rivas Ríos señaló que en la sesión de la primera semana de diciembre de 2025 la propuesta de permitir libres transferencias no obtuvo la mayoría calificada requerida, ya que cinco regidores votaron en contra. Afirmó que, aun así, el Ayuntamiento envió al Poder Legislativo un documento basado en el esquema del año anterior, con el que se permitiría nuevamente el manejo flexible de recursos.
De acuerdo con el regidor, la figura de libres transferencias faculta al presidente municipal y al tesorero a realizar aumentos, reducciones y reasignaciones entre partidas durante el ejercicio fiscal, informando posteriormente en los cortes de caja. Esta modalidad, dijo, genera preocupación ante la falta de claridad en el uso de recursos ejercidos en 2025, pues hasta la fecha no se ha rendido un informe detallado sobre aproximadamente 80 millones de pesos utilizados en compras y transferencias durante el año pasado, información que, afirmó, fue solicitada desde octubre de 2025
El punto más delicado, advirtió, es que 2026 será un año preelectoral, ya que en el último trimestre iniciará el proceso rumbo a 2027 en Morelos, cuando se renovarán ayuntamientos y el Congreso local. En ese contexto, la libre transferencia sin controles estrictos podría abrir la puerta a un uso discrecional de los recursos públicos.
Por su parte, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha defendido el mecanismo al argumentar que el presupuesto es dinámico y que las transferencias permiten evitar la paralización administrativa y atender deudas con instancias como la Comisión Federal de Electricidad y el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, regidores de Morena consideran que la insistencia en mantener las libres transferencias resulta contradictoria ante la falta de rendición de cuentas y cuestionan que se haya enviado al Congreso un documento que, aseguran, no refleja lo acordado en Cabildo.
...Y aún faltan por acreditar 111 millones de pesos de 2024
El municipio de Cuernavaca mantiene sin solventar al menos 111 millones de pesos del ejercicio fiscal 2024, según el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El alcalde José Luis Urióstegui Salgado admitió que ese monto “no se ha acreditado debidamente”, al reconocer que el gasto observado carece de respaldo suficiente.
La fiscalización federal expone deficiencias graves en la administración de recursos, principalmente en recolección de basura y obra pública. En uno de los contratos revisados, el Ayuntamiento pagó servicios con Participaciones Federales sin que el proveedor acreditara contar con concesión o permiso vigente para el manejo integral de residuos en el Centro de Transferencia de la avenida Estado de Puebla. Tampoco presentó dictamen de Impacto Ambiental ni el convenio que justificara la ampliación del contrato, además de omitir evidencia sobre campañas de separación de desechos. Aunque la autoridad municipal entregó documentación, la ASF la consideró insuficiente, por lo que dejó casi 90 millones de pesos pendientes de aclaración en ese rubro.
En obra pública financiada con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la revisión de tres expedientes detectó falta de pólizas de egresos, comprobantes de pago, contrato de apertura de cuenta bancaria y discrepancias entre estimaciones y montos contratados. En dos casos adicionales se documentaron irregularidades similares.
La ASF presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 21 millones de pesos, debido a que las obras no están concluidas ni en funcionamiento. En su conclusión, el órgano auditor determinó que el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos federalizados en 2024, lo que coloca a la administración municipal bajo presión para justificar el destino del dinero público.