Por miedo a las consecuencias; por miedo a la incompetencia de la autoridad; por no querer perder el tiempo; por desconfiar de la policía; por considerar que lo perdido no es tanto; por estas y más razones no denunciamos los delitos cometidos contra nuestro patrimonio o el de la familia. Por consecuencia, no pasan a formar parte de las estadísticas oficiales y constituyen la cifra negra del crimen.
Contar con información oportuna y veraz sobre los delitos que se cometen, sirve para analizarla y con ello diseñar estrategias para combatirlos. Permite detectar los lugares en donde se cometen los ilícitos; muestra la incidencia por rangos de edad y sexo; los tipos de delitos y su frecuencia: extorsión, secuestro, pago por derecho de piso, etc.
El INEGI aplica trimestralmente la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Este año de pandemia no se levantará la encuesta. Sin embargo, con los datos que se han obtenido durante la última década, hay suficiente información que sirve de base para la toma de decisiones.
La ENVIPE mide la victimización de los hogares y la personal. Estima el número de víctimas y delitos así como la cifra negra. En Morelos, del total de delitos en los últimos años, únicamente se denuncia menos del 10%. A nivel nacional se denuncia poco más del 10 %.
De las víctimas en Morelos, el 55 % no denunciamos por causas atribuibles a la autoridad, según la última ENVIPE. Desconfianza en las autoridades, burocracia, malos tratos, lentitud en los procesos e ignorancia, son las principales causas para no acudir ante las autoridades.
En 2018, en Morelos los principales delitos fueron: la extorsión, el fraude y el robo, representando más de dos terceras partes. Las familias que tomaron medidas preventivas erogaron en el año $ 1’665 000 millones de pesos ; las pérdidas por delitos denunciados fueron de más de $ 5’400,000 millones , más de dos veces el presupuesto anual de Cuernavaca. Y eso sin considerar la cifra negra de los delitos que no se denunciaron.
Se conocen acciones por parte del Estado para combatir la delincuencia. Sin embargo es evidente que los resultados distan mucho de ser lo que esperamos los ciudadanos de un gobierno que nos permita ser libres de salir a la calle, asistir a eventos sociales, a los restaurantes, bares y adonde se nos pegue la gana.
Morelos es un Estado que depende de los recursos que le da la federación. Su presupuesto es sin duda bastante limitado. La austeridad republicana y la pandemia complicarán aún más la capacidad de respuesta ante la inseguridad.
Las próximas elecciones municipales y de la cámara de diputados son una oportunidad para replantear la estrategia de seguridad. La impunidad es el primer reto a vencer. La gente lo sabe con claridad. “Para qué voy a denunciar si no va a pasar nada…”, piensa más de la mitad de la población. Efectivamente, no pasa nada. Si acaso el 14 % de los delitos denunciados tienen alguna consecuencia.
¿Por qué es importante que los próximos legisladores y presidentes municipales tengan claridad en el tema? Para brindarle a la gente certeza en las acciones del gobierno. Se tiene que consolidar una política pública que integre a toda la sociedad organizada, que piense en la participación activa de la sociedad. El gobierno del estado y los gobiernos municipales no pueden solos. Los gobiernos hace tiempo que están rebasados.
El 75 % de la población de Morelos piensa que el principal problema que tiene el estado es la inseguridad. Es enorme el reto que tendrán los futuros legisladores. Están obligados a redactar leyes, que son el basamento para la toma de decisiones. Leyes que no deben ser producto de despachos especializados solamente. Deben ser leyes que formen parte de una política de seguridad que esté totalmente al margen de intereses políticos y de ideologías de partidos. Una política pública con altura de miras, que incluya la educación, la tecnología, la inteligencia, la organización social, la capacitación de los agentes, las leyes, los reglamentos, los recursos presupuestales, la academia y la investigación.
No existen los liderazgos iluminados. Lo que sí existe es una terrible cifra negra que nos dice que más del 90% de los delitos ni siquiera son denunciados. Esta cifra escalofriante bastaría para convocar a la brevedad a la construcción de una nueva política pública eficiente en materia de seguridad.
Los próximos presidentes municipales estarán obligados a elevar su nivel de coordinación con la federación y con el estado. La estrategia de comunicación es importante, pero primero tiene que analizarse y rediseñarse el sistema integral de seguridad e impartición de justicia : policía-ministeriales-jueces- tribunales. Es indispensable incrementar sustancialmente la honestidad y la eficiencia del sistema, así como el buen trato a la gente y la respuesta y rendición de cuentas a la comunidad.
Por Ariel Homero López Rivera / opinion@diariodemorelos.com