Los nuevos partidos en Morelos podrán disponer de $37,529.91 mensuales cada uno. ¿Lo sabrían los promotores de los nuevos partidos?
Pasar de un partido hegemónico a un sistema pluripartidista no ha sido fácil. El último tercio del siglo XX dió cuenta de la ruta hacia una mayor participación política. Se facilitó la creación de nuevos partidos. Nació el IFE para ser el árbitro de las elecciones y el Tribunal Federal Electoral; se creó el sistema de financiamiento público a los partidos , que se ha ido modificando con el tiempo.
La lucha política era inequitativa, el partido en el poder hacía uso indiscriminado de los recursos del gobierno. Era necesario crear un piso parejo para las contiendas electorales. Para el fin de siglo, los partidos ya gozaban de recursos de acuerdo a fórmulas que fueron afinándose. En 1993, finalmente se fijaron las reglas que obligarían a los partidos políticos a informar sus ingresos y egresos.
México optó por un sistema de financiamiento público para su sistema político. A diferencia de otras naciones, donde los partidos son los responsables de recaudar fondos para financiar las campañas políticas, el Estado mexicano optó por financiar a los partidos. El propósito era muy claro: establecer equidad en la competencia; evitar influencias en las elecciones que orientaran el resultado a intereses particulares. Se quería propiciar una verdadera cultura política .
Los organismos electorales enfrentan un complejo panorama. Organizar las elecciones es sumamente difícil y delicado. Sin embargo, vigilar el gasto que hacen los partidos y los candidatos en campaña es una tarea enorme.
La investigación realizada por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde sobre el financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, que publicaron bajo el título “Dinero Bajo la Mesa” (de allí el encabezado de mi artículo), dan cuenta de lo escandaloso que es el manejo de los recursos ilícitos en las campañas políticas en nuestro país.
Los autores señalan tres mecanismos de financiamiento ilegal: “desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado”. Los partidos en el gobierno utilizan distintas estrategias para comprobar gastos que no se hacen y así canalizar los recursos a sus campañas. Señalan también los autores la utilización de programas sociales con fines electorales; la recaudación de pagos ilegales por permisos de construcción y ambulantaje, y el uso de la publicidad oficial.
Nos dicen los autores que el dinero que aportan los particulares daña la equidad de la contienda y “…conlleva la comisión de otros delitos, como peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma…”
Continúa el texto señalando que en las campañas para gobernador de 2016 y 2018, por cada peso que un candidato a gobernador declara hay $25.00 que permanecen en la sombra. Una campaña promedio para gobernador puede costar más de diez veces el tope legal. O sea, que en promedio una campaña para gobernador anda por los 500 millones de pesos cuando el tope es de 50 millones.
El dinero ilegal principalmente es utilizado para el clientelismo electoral: compra del voto y movilizar a los votantes el día de la elección. Otra parte se va en publicidad y otra simplemente no llega porque se queda en el camino. Por cierto, también es negocio perder.
A los 8 nuevos partidos en Morelos les toca una pequeña cantidad del presupuesto, que se distribuye entre ellos : $37,529.91 mensuales.
Seguramente les alcanzará para la renta y los servicios y algo para la nómina. En campaña les llegará otro poco de manera oficial. Muy poco. No más del 10 % del tope de campaña. Lo que significa que la tentación de recurrir a dineros non santos, es demasiado grande. No hay duda de lo difícil que es para el órgano electoral vigilar y sancionar a los infractores, pues no cuentan con recursos económicos, técnicos y humanos que hagan posible una adecuada investigación y estricta vigilancia. Falta mucho para perfeccionar nuestra democracia. Debemos construir una política que garantice el buen uso del dinero público.
No es un riesgo menor el que el crimen organizado intervenga aportando recursos a los candidatos a presidentes municipales de Morelos. Ya existen evidencias en el pasado reciente de que lo han hecho. El coctel política, corrupción y crimen organizado es un verdadero peligro que no nos podemos permitir los morelenses. ¿Cómo vamos a evitarlo? ¿De quién es la responsabilidad?

Por Ariel Homero López Rivera / opinion@diariodemorelos.com

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