En lo que va del año los medios de comunicación han reportado constantes ejecuciones en varios municipios del estado, en las que usualmente están involucrados miembros de grupos criminales o personas relacionadas con ellos. Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman una alta incidencia delictiva en el estado, de enero a abril de 2022, Morelos registró 16.3 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, con lo cual se ubicó como el quinto estado con mayor incidencia en el país, solo por debajo de Colima, Baja California, Zacatecas y Michoacán.
Pero ese no es nuestro mayor problema, Morelos es el primer lugar en feminicidios con 1.4 delitos por cada cien mil habitantes, el segundo lugar es Nuevo León con 1.2 y el tercero Baja California Sur con 0.7. Esto se agrega a la alerta de violencia de género que se declaró en varios municipios desde 2015. También somos el primer lugar en secuestros con 0.53 por cada cien mil habitantes, seguidos de Michoacán y Oaxaca con 0.35 y 0.31, respectivamente.
La incidencia delictiva es diversa y dependiendo del delito que se analice, va cambiando el estado que encabeza la lista. En el caso de la extorsión, Zacatecas es el primer lugar con 10.5 delitos por cada cien mil habitantes, seguida de Estado de México y Colima. En robo a casa habitación el primer lugar es Colima, en robo de vehículo es Baja California y en robo a transeúnte es la Ciudad de México.
Lo importante de estas estadísticas es que dejan ver dónde se tiene que ajustar la política de seguridad. El incremento de los homicidios dolosos en Morelos posiblemente esté asociado a una disputa entre grupos delictivos. Sin embargo, el incremento en el feminicidio y secuestro pueden tener explicaciones más complejas, asociadas no solo con las dinámicas de los grupos delictivos sino con fenómenos sociales más profundos. La administración federal ha hecho énfasis en un cambio de enfoque respecto al combate a la delincuencia, poniendo énfasis en la prevención, en atender las causas. Desafortunadamente se tiene poca información a nivel local respecto a las causas de los delitos específicos, nos estacionamos en conceptos como la reconstrucción del tejido social sin saber bien a bien cuál es el verdadero problema en cada comunidad.
Estas carencias de análisis y de mejor conocimiento de los fenómenos delictivos se buscan solventar con la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en los municipios. Por un lado, la policía de proximidad tendría una mayor cercanía con la población y obtendría mejor información de los fenómenos sociales que influyen en la comisión de delitos. Por otro lado, se busca instituir una policía de investigación y análisis, que deberá hacer un análisis profundo de la incidencia delictiva y de las causas.
Desafortunadamente poco se ha avanzado en la implementación del modelo, las restricciones son de todo tipo, desde las presupuestales que dificultan el incremento del estado de fuerza de la policía y de sus salarios, hasta la falta de personal competente para conducir la transformación institucional en corporaciones policiales abandonadas y que arrastran vicios de mucho tiempo. Las autoridades estatales y municipales tienen un enorme reto en materia de seguridad y necesitan dar pasos firmes en la implementación de este modelo si quieren dar los resultados que la ciudadanía demanda.
Por: Cristian Campos Contreras / ccamposcontreras@yahoo.com.mx
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