El Gobierno de Nuevo León ha dado un paso firme en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes al oficializar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, un mecanismo que impone severas restricciones a quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias. Anunciado por el gobernador Samuel García Sepúlveda y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, este decreto busca erradicar el "abandono invisible" y garantizar que la irresponsabilidad parental tenga consecuencias sociales y administrativas. Entre las medidas destacan la prohibición de tramitar o renovar licencias de conducir, contraer matrimonio civil y aspirar a cargos públicos, con penas de hasta cinco años de prisión para quienes simulen ingresos menores para evadir obligaciones.Antecedentes y Creación del RegistroEl decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 7 de noviembre de 2025, tras su aprobación por el Congreso local el 13 de octubre del mismo año.
Esta iniciativa se enmarca en una serie de reformas estatales impulsadas por la actual administración, como los registros de agresores sexuales y violentadores familiares, y la "Ley 3 de 3 contra la violencia", que impide a deudores o agresores ocupar cargos públicos.
A nivel nacional, México cuenta con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias desde mayo de 2023, reformado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para proteger los derechos de la infancia mediante la identificación de morosos.
En Nuevo León, el padrón será administrado por el DIF estatal y el Poder Judicial, integrando datos de incumplimientos judiciales para aplicar sanciones automáticas.De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, alrededor del 60% de las separaciones involucran incumplimientos en pensiones alimenticias, afectando principalmente a mujeres jefas de familia y a más de 4 millones de niños en situación de vulnerabilidad.
En Nuevo León, se estima que miles de casos pendientes motivaron esta medida, alineada con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus artículos 38 y 102 suspende derechos ciudadanos a deudores morosos.
Restricciones y Sanciones Detalladas
Las personas inscritas en el registro enfrentarán limitaciones inmediatas hasta que demuestren cumplimiento ante un juez, magistrado o el DIF. Las principales restricciones incluyen:
- Licencia de Conducir: No podrán obtener ni renovar su licencia. Autoridades como Tránsito estatal perseguirán placas de vehículos registrados a su nombre, con detenciones frecuentes para verificar adeudos.
- Matrimonio Civil: Prohibido contraer matrimonio por el civil, ya que se requerirá un certificado de no adeudo alimentario para cualquier trámite matrimonial.
- Procesos de Adopción: Excluidos de cualquier participación en adopciones, priorizando la protección de la infancia.
- Cargos Públicos y Judiciales: No podrán aspirar a puestos como jueces, magistrados, concejales, candidatos a elecciones populares ni designaciones en organismos autónomos. Esto se extiende a cualquier empleo o comisión en el servicio público.
Adicionalmente, se imponen penas de 2 a 5 años de prisión para quienes simulen ingresos menores o oculten bienes para evadir pagos.
Cualquier autoridad o funcionario que proteja a un deudor podrá ser sancionado, promoviendo una "quiebra social" en lugar de económica, como enfatizó el gobernador.
El proceso de inscripción se basa en sentencias judiciales por incumplimiento, y la salida del registro requiere prueba de pago y cooperación, evaluada por instancias como el DIF o tribunales.
Declaraciones de Autoridades
El gobernador Samuel García fue contundente durante la firma del decreto en el Salón Juárez de Palacio de Gobierno: “Vamos a dar todo por las mujeres, les va a salir muy caro ser irresponsables, porque a partir de hoy ese pelado que se fue y que en lugar de invertir en sus hijos gasta lujos en borrachera o en tonteras, los vamos a quebrar y no lo digo económicamente, los vamos a quebrar socialmente”.
Agregó que el Estado "dará la espalda" a los incumplidores hasta que cooperen.Mariana Rodríguez Cantú, en una rueda de prensa, destacó el enfoque en la infancia: “En Nuevo León ya no vamos a permitir que el abandono sea invisible. No se trata de castigar, sino de cuidar. Que ser padre no nada más es un título, es un compromiso de todos los días”.
Subrayó que negar el sustento afecta la salud, educación y desarrollo de los niños, y llamó a la sociedad a responsabilizar a los padres: “Quién no honra a sus hijos y no cumple con lo más básico, que es su deber, de cuidar y sostener, no puede pedir confianza ni puede quedar impune”.
Graciela Buchanan Ortega, secretaria de las Mujeres, explicó que los alimentos abarcan no solo comida, sino vivienda, educación, salud y recreación, y que privar de ello viola el derecho a una vida digna.
Reacciones en Redes Sociales y Opinión Pública
La medida ha generado amplio debate en plataformas como X (anteriormente Twitter) y Facebook. En X, usuarios como @InformaCosmos celebraron el anuncio con más de 245 likes: “Nuevo León crea el Registro Estatal de Deudores Alimentarios. Mariana Rodríguez anunció el decreto señalando que quienes incumplan pensiones para sus hijos podrán ser inscritos en el padrón y enfrentar sanciones”.
Otro post de @CerebrosG, con casi 5,000 likes, compartió las palabras de Rodríguez: “Les quiero platicar que hoy Nuevo León va emitir el decreto para crear el registro estatal de deudores alimentarios”.
En Facebook, páginas como Somos Xalapa destacaron las "fuertes sanciones", prohibiendo casarse y buscar cargos públicos, aunque con contenido limitado en comentarios.
En Instagram, reels explican las restricciones con videos educativos, alcanzando miles de vistas.
Ciudadanos en encuestas locales, como las reportadas por El Horizonte, respaldan el registro en un 80%, viéndolo como un avance en equidad de género.
Implicaciones y Futuro
Expertos en derecho familiar, como los citados en informes nacionales, ven esta reforma como un avance hacia la equidad, pero advierten sobre la necesidad de mecanismos de apelación para evitar abusos.
En comparación con otros estados, Nuevo León se suma a entidades como Veracruz y Ciudad de México, que ya aplican padrones similares.
A largo plazo, se espera que reduzca la carga judicial en casos de familia y fomente la responsabilidad parental.El Gobierno estatal invita a las afectadas a denunciar incumplimientos ante el DIF o tribunales para activar inscripciones. Para más información, consultar el sitio oficial del Gobierno de Nuevo León o el DIF estatal.Esta nota se basa en fuentes oficiales y periodísticas verificadas. Actualizaciones se realizarán conforme evolucione la implementación.