Durango.– En un giro que ha sacudido a la sociedad duranguense y al país entero, las autoridades detuvieron este sábado a Paloma Yazmín Escobedo Quiñónez, madre de la víctima, y a Víctor Manuel Rosales García, su padrastro y cirujano plástico, por su presunta responsabilidad en la muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo.
La joven de apenas 14 años falleció el 20 de septiembre tras complicaciones derivadas de una cirugía estética múltiple –aumento mamario, liposucción y lipotransferencia glútea– realizada sin el consentimiento de su padre y enmascarada bajo la excusa de un supuesto contagio de COVID-19.
Lo que se presentó como un "regalo adelantado" por sus XV años se convirtió en un fatal error médico y un encubrimiento familiar que ha desatado indignación nacional.
El caso de Paloma Nicole, una adolescente vibrante que apenas comenzaba a navegar la adolescencia entre sueños juveniles y presiones sociales, ha expuesto las grietas en la regulación de cirugías estéticas para menores en México. Su padre, Carlos Said Arellano, un hombre destrozado por el duelo y la rabia, rompió el silencio el 21 de septiembre con una denuncia pública en redes sociales que viralizó el horror: "Mi hija murió víctima de un acto de negligencia criminal en una clínica en la calle Fénix. El 12 de septiembre se le practicó cirugía plástica sin mi consentimiento... En su acta de defunción pusieron falsamente 'enfermedad' para encubrir la verdad".
Arellano, separado de la madre desde hace tiempo, relató cómo Escobedo le mintió el 11 de septiembre: alegó que Paloma había dado positivo a COVID-19 en la escuela y que se aislarían en cabañas de la sierra duranguense, sin señal telefónica. "Confíe en ella, como padre siempre lo haces", confesó Arellano en su testimonio, que ha conmovido a miles. La pesadilla se reveló el 15 de septiembre, cuando la madre lo llamó para informar que Paloma estaba grave en la Clínica Santa María, una privada con licencias en regla según la COFEPRIS.
Al llegar, Arellano encontró a su hija en coma inducido, intubada y con un corpiño quirúrgico que le pareció sospechoso, pero el shock inicial lo silenció. Paloma luchó ocho días contra un paro cardiorrespiratorio, edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia –causas oficiales de su defunción–, pero el 20 de septiembre fue declarada con muerte cerebral. El certificado inicial, firmado por ambos padres en un momento de confusión, apuntaba a "complicaciones por COVID-19", un velo que se rasgó durante el velorio.
Allí, en la intimidad del duelo, Arellano y familiares cerraron la capilla para examinar el cuerpo inerte de la menor. Las cicatrices frescas en el pecho y glúteos gritaron la verdad: implantes mamarios recién colocados, huellas de liposucción y transferencia de grasa. "Descubrí que mi niña había sido operada por su padrastro, Víctor Rosales, con el consentimiento solo de su madre. ¿Cómo no me enteré? Porque me mintieron", relató el padre, quien inmediatamente exigió una necropsia de ley y presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).
La autopsia, aún en proceso, podría tardar hasta 20 días en entregar resultados definitivos, pero peritos ya vinculan las complicaciones directamente a la intervención del 12 de septiembre.La detención de Escobedo y Rosales, confirmada por la FGED esta tarde, marca un avance crucial en la carpeta de investigación abierta el 21 de septiembre.
Fuentes oficiales imputan a la madre cargos por omisión de cuidados –por exponer a una menor a riesgos innecesarios sin el aval del otro progenitor– y posible encubrimiento, al firmar un consentimiento informado que excluía al padre y al falsificar inicialmente la causa de muerte.
Rosales, certificado como cirujano por la Secretaría de Salud, enfrenta acusaciones de homicidio culposo por negligencia médica –podría significar hasta cinco años de prisión y suspensión indefinida de licencia, según el artículo 228 del Código Penal Federal– y ejercicio indebido de la profesión, al operar a su hijastra en un conflicto de intereses evidente.
La clínica también está bajo lupa: aunque sus permisos estaban al día, se indaga si el personal administrativo colaboró en el ocultamiento.El escándalo ha trascendido las aulas y quirófanos de Durango. En redes sociales, el hashtag #JusticiaParaPalomaNicole acumula miles de menciones, con testimonios de activistas como Fernanda Flores, quien denuncia: "Nicole murió porque la sociedad le enseñó que su cuerpo no era suficiente. Esto es violencia estética contra las niñas".
La tragedia ha encendido un debate nacional sobre la "violencia vicaria" y la presión estética en menores. Arellano reveló que su exesposa era "adicta a las cirugías", un patrón que pudo influir en la decisión fatal.
La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) suspendió provisionalmente a Rosales el 24 de septiembre y remitió el caso a su comité de ética, reconociendo "graves irregularidades".
Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum intervino en su mañanera del 24 de septiembre: "La Secretaría de Gobernación dará seguimiento. Enviadnos el caso y contactaremos a la familia para ayudar. No puede haber impunidad".
Este sábado, horas antes de la detención, colectivos feministas y la familia de Paloma convocaron una marcha en el centro de Durango –iniciada a las 5 p.m.– para exigir no solo justicia, sino reformas urgentes a la Ley General de Salud. Actualmente, no hay prohibición explícita para cirugías estéticas en menores con consentimiento parental, un vacío que ha cobrado al menos 97 clínicas clausuradas por irregularidades entre 2022 y 2024, según Cofepris.
Una iniciativa de reforma, presentada cuatro días después de la muerte de Paloma, propone evaluaciones psicológicas obligatorias y límites de edad para estos procedimientos.Mientras la FGED profundiza en entrevistas al personal médico y peritajes forenses, Carlos Arellano vela por el legado de su hija: "No busco venganza, sino que ninguna otra niña pase por esto. Paloma merecía vivir sus sueños, no morir por un ideal impuesto".
En Durango, una ciudad de contrastes entre tradición y modernidad, el eco de su pérdida resuena como un llamado a proteger la inocencia de las que vienen. La investigación continúa, pero una cosa es clara: la vanidad de los adultos no puede seguir cobrando facturas con vidas infantiles.