Cuernavaca.- Propietarios y condóminos del Fraccionamiento Provincias de Canadá, del municipio de Cuernavaca, hicieron una denuncia pública en contra de quien se ostenta como la presidenta de la Mesa Directiva de la Asociación de Colonos, Martha Alicia Ibarra Montes, por una serie de presuntas irregularidades y abusos que comete al cobijo del cargo que ocupa de manera ilegal.
Los inconformes pidieron que se guardaran sus nombres en el anonimato ante el temor de enfrentar nuevas represalias en su contra, como ya las han tenido.
Refirieron que Martha Alicia Ibarra llegó al cargo en 2010 por acuerdo de la Asamblea de Colonos para un periodo de 2 años, aunque no cumplía el requisito de ser propietaria; por diferentes causas, entre estas, cambios que arbitrariamente habría hecho a los estatutos, y la omisión de emitir la convocatoria para la sucesión, continúa en el cargo.
Los colonos, en su mayoría adultos mayores pensionados, toleraron la prolongación de la señora en el cargo, hasta que en el año 2020 anunció un programa de “reencarpetamiento” para el que exigió una cuota de 8 mil 400 por vecino.
Aunque esa acción no tuvo aval del municipio, Martha Alicia presionó a los vecinos para que aportaran la cooperación, y a quienes se negaron, porque no quisieron o no pudieron, les cortó el suministro de agua.
Los denunciantes señalaron que el Fraccionamiento tiene en concesión un pozo, por lo que el consumo de agua lo pagan directamente a la asociación, la cual les cobra también una cuota de mantenimiento, misma que de 350 en 2010, llegó a mil 800 en 2021, sin que el aumento se justifique, pues fraccionamientos similares, como Jardines de Delicias, o Bello Horizonte, tienen cuotas inferiores, de 448 y 650, indicaron.
Agregaron que varios vecinos enfrentan demandas penales por supuesto daño moral, de parte de la susodicha, cuando se han atrevido a hacerle algún señalamiento sobre su representación.
En síntesis, indicaron que Martha Alicia Ibarra encabeza una administración ilegal, abusiva y opaca y a pesar de que han solicitado la intervención del Ayuntamiento capitalina, la autoridad se ha negado a revisar la situación, aun cuando derechos como el de acceso al agua, les es violentado.
Por: ANTONIETA SÁNCHEZ