El poder judicial federal negó la suspensión provisional solicitada en al menos cuatro juicios de amparo promovidos contra diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por lo que la norma continúa vigente y en aplicación, pese a las impugnaciones presentadas por concesionarios del transporte público.
No obstante, aunque los juzgados federales rechazaron conceder la suspensión, sí admitieron a trámite las demandas de amparo, lo que mantiene abierto el análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, cuya resolución se prevé en los próximos meses. De acuerdo con representantes del sector transportista, el número de amparos promovidos superaría el millar.
Cabe señalar que fue el pasado 2 de enero cuando concesionarios del transporte público acudieron a los juzgados federales con sede en Cuernavaca para interponer los recursos legales contra la nueva Ley de Movilidad, la cual plantea una reorganización integral del servicio en la entidad.
La legislación, aprobada por el Congreso del Estado y publicada en noviembre de 2025, tiene como objetivo modernizar el transporte público, un sector que históricamente ha enfrentado problemas de desorden, competencia desleal y falta de estándares mínimos de calidad y seguridad para los usuarios.
Entre los principales cambios que contempla la ley se encuentra la eliminación gradual del esquema de concesiones individuales, para dar paso al modelo Ruta-Empresa, que propone la operación del transporte público a través de unidades de negocio estructuradas, con esquemas unificados de operación, financiamiento e infraestructura.
Este modelo busca mejorar la eficiencia del servicio, fortalecer la seguridad vial y garantizar mejores condiciones de atención para los usuarios, mientras los procesos judiciales continúan su curso y los tribunales federales analizan la constitucionalidad de la norma impugnada.