El fiscal general del Estado, Édgar Maldonado Ceballos, informó sobre los avances en la investigación del feminicidio de Sarah Olivia, ocurrido el pasado martes 27 de mayo, cuyo crimen está relacionado con una célula delictiva dedicada al robo violento de vehículos.
Acompañado por los integrantes de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad, el fiscal ofreció una rueda de prensa en la que detalló que desde el momento de los hechos, la Fiscalía activó el protocolo especializado para la investigación de feminicidio, con enfoque de género, interseccionalidad y derechos humanos. A la par, se sumaron esfuerzos de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, la Agencia de Investigación Criminal y la Coordinación de Servicios Periciales, en conjunto con fuerzas federales y estatales.
De acuerdo con las pruebas de campo y gabinete, se estableció que Sarah fue interceptada por cuatro sujetos que intentaron despojarla de su vehículo. Al no lograr su cometido, huyeron del lugar y poco después robaron otra camioneta. Este grupo criminal, que opera principalmente en Cuernavaca y municipios conurbados, ha sido investigado desde diciembre de 2024 bajo un operativo interinstitucional, coordinado por la 24/a Zona Militar, ha derivado en nueve cateos en inmuebles ubicados en Tepoztlán, Cuernavaca y Jiutepec, con el aseguramiento de 43 vehículos, documentos oficiales, permisos apócrifos y autopartes sin acreditación legal.
Con relación al caso de Sarah, hasta ahora, han sido detenidas nueve personas —ocho hombres y una mujer, entre ellos un menor de edad—, imputadas por delitos como homicidio calificado, robo de vehículo agravado, portación de armas, delitos contra la salud, entre otros. A todos se les impusieron medidas cautelares de prisión preventiva y, en el caso del menor, internamiento en CEMPLA. Además, se ejecutó una orden de aprehensión por feminicidio contra uno de los detenidos, quien ya se encontraba en reclusión.
El fiscal Maldonado Ceballos afirmó que las indagatorias continúan, y reconoció la participación de la SEDENA, Marina, Guardia Nacional, SSPC estatal y municipal, así como la FGR. Aseguró que el caso se ha conducido con pleno respeto a los derechos humanos y compromiso con la justicia: “La justicia no es una promesa, es una obligación que en esta fiscalía se cumple”, concluyó.
Marcela García / marcela.garcia@diariodemorelos.com