Se tienen ejemplos de las tres últimas legislaturas de nombramientos en órganos autónomos
CUERNAVACA, MORELOS.- La Constitución faculta a los diputados para hacer los nombramientos de titulares en instituciones autónomas y ha sido común que ocurra hacia el cierre de las legislaturas y, como siempre, han sido cuestionados hacer presuntas designaciones a modo.
Ya sea por la temporalidad de los cargos, y porque, también con base en sus facultades, los legisladores han hecho reformas al marco jurídico local, de coyuntura nacional, como por ejemplo la de 2014 que armonizó la ley estatal con ley general en materia de combate a la corrupción, es casi seguro que cada legislatura emitirá una convocatoria para hacer un nombramiento.
Por cuestiones de espacio, solo recordaremos lo que ocurrió en las tres legislaturas anteriores a la que está vigente y viviendo sus últimos días.
La LI Legislatura, 2009-2012, tuvo una mayoría priista (la última en la que el PRI fue la primera fuerza en el Estado), y el beneficiado con el nombramiento de consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) fue el entonces director de la Unidad de Información (UDI), Víctor Díaz Vázquez, quien fungía también como asesor del diputado Jorge Arizmendi. Originalmente fue designado para un periodo de 4 años el 20 de julio de 2012.
En esa legislatura, y a iniciativa del entonces legislador Matías Nazario, se creó el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de forma anticipada a la reforma federal, y fue creado el Comité de Participación Ciudadana, con Hugo Bello Ocampo como presidente, y cuatro más.
En la LII Legislatura (2012-2015), en junio de 2013, se designó a Mireya Arteaga Dirzo, como consejera del IMIPE, quien, al año siguiente, con la armonización de la Constitución en materia de transparencia, se convirtió, junto con Víctor Díaz y Dora Ivonne Rosales, en comisionados, y les fue extendido el periodo de 4 a 7 años. La primera estaba vinculada al PRD y la segunda al PAN.
A finales de 2014, la legislatura transformó la Auditoría Superior de Fiscalización en Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y designó a Vicente Loredo Méndez por un periodo de 8 años, que no concluyó porque renunció en noviembre de 2018.
Al cierre, en junio de 2015, los mismos diputados aprobaron una nueva reforma al SEA y transformaron el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y auzmentaron de 3 a 5 magistrados, designando a Roque González Cerezo (PAN) y Manuel García Quintanar (MC).
La LIII Legislatura reformó la Constitución para darle autonomía a la Fiscalía y en la recta final designó a Uriel Carmona Gándara como fiscal; también aumentó el número de magistrados del TJA e intentó designar a sus allegados, entre ellos el marido de la ex presidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa.
Actualmente
A la LIV Legislatura se le acumularon los cargos, hasta 11, de los cuales, en los casi tres años, no se ha logrado ninguno, aunque la expectativa es que se den en los últimos días que le restan.
Pendiente. La semana pasada, dos noches consecutivas, el Congreso generó la expectativa de votar nuevos nombramientos, pero aún no se concretan los acuerdos.
Por: ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com