El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), Javier Bolaños Aguilar, reconoció que el 35  por ciento de la población morelense no cuenta con servicio de agua potable o lo recibe de manera inadecuada, situación que representa uno de los principales retos en materia hídrica para el estado.
Entrevistado al respecto, explicó que la problemática no es exclusiva de un solo nivel de gobierno, ya que involucra responsabilidades federales, estatales y municipales. Precisó que, ante cualquier denuncia o queja ciudadana por falta de agua, la CEA da seguimiento inmediato y canaliza los casos correspondientes para su atención.
Bolaños Aguilar detalló que actualmente se impulsa el programa de recuperación integral de pérdidas de agua, el cual no sólo contempla la reparación de fugas físicas, sino también la detección de tomas clandestinas, que representan pérdidas importantes al no ser contabilizadas dentro de las redes de distribución. Subrayó que estos proyectos pueden implementarse en cualquier municipio y están a disposición de los ayuntamientos interesados.
Señaló que existen zonas críticas en regiones como Tlalnepantla, Huitzilac, Cuautla y diversas colonias de Cuernavaca, donde incluso dentro de una misma colonia hay áreas con servicio y otras sin acceso alguno. Ejemplificó casos donde se considera cobertura total, aunque el suministro se da sólo cada 15 o 20 días, lo que no puede calificarse como una dotación adecuada.
Indicó que sólo en Cuernavaca se requeriría una inversión estatal de entre 25 y 30 millones de pesos para mejorar el servicio, recursos que deberán distribuirse de manera equitativa en todo el estado. La planeación de las inversiones para 2026, añadió, quedará definida hacia febrero, con el propósito de beneficiar a miles de familias y avanzar en el derecho humano al agua.
Finalmente, adelantó que el próximo martes se llevará a cabo una reunión con los 36 ayuntamientos del estado, a fin de presentarles los proyectos disponibles, conocer sus prioridades y fortalecer el trabajo coordinado, como ya se hizo durante 2025. El objetivo central, dijo, es eficientar la distribución del agua potable, reducir los tandeos —muchos de ellos insostenibles— y mejorar el funcionamiento administrativo de los organismos operadores.

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