Las agresiones letales contra personas defensoras del medio ambiente y del territorio continúan en ascenso en México.
En 2024 se registró un preocupante incremento del 25% en los asesinatos de defensores, en comparación con el año anterior, de acuerdo con el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Esta cifra representa el nivel más alto de la última década.
México se mantiene como uno de los países más peligrosos para quienes protegen los recursos naturales. La organización Global Witness lo ubicó en 2024 como el cuarto país con más asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial.
Si bien el número total de agresiones mostró un leve descenso —al pasar de 123 eventos con 282 agresiones específicas en 2023—, el informe del CEMDA advierte sobre un cambio preocupante en los actores responsables: las agresiones cometidas por empresas privadas aumentaron de 15.4% a 26.5%, mientras que las atribuidas a grupos de delincuencia organizada disminuyeron de 29.6% a 18%.
En total, el CEMDA documentó 25 casos de violencia directa por parte de empresas privadas, frente a 17 incidentes perpetrados por el crimen organizado. Además, se reportaron otros tipos de agresiones como intimidación, hostigamiento, estigmatización y campañas de difamación.
“La criminalización se ha convertido en el mecanismo más utilizado para frenar la labor de defensa ambiental, principalmente ejercido por agentes del Estado y empresas privadas”, señala el informe del CEMDA.
Ante este panorama, la organización subraya la urgencia de implementar medidas efectivas de prevención y protección, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Sin embargo, voces desde la sociedad civil advierten que la aplicación del Acuerdo ha sido limitada.
“En México no se garantiza el derecho a defender el medio ambiente, y eso ha generado violencia y criminalización”, señala la activista ambiental Ramírez.
La defensora sostiene que este tratado es una herramienta clave: “Solamente a través del Acuerdo se puede obligar a las empresas que ejecutan megaproyectos a rendir cuentas, a ser sancionadas o incluso a cancelar proyectos cuando se violen los derechos de las comunidades”.