Si se concreta, el paro de rutas será hoy, mayoritario, continuado el servicio por sólo 13 de 32 líderes transportistas. Así, en Cuernavaca es probable que los usuarios arranquen la semana sin microbuses y combis, o sea, las popularmente llamadas rutas. Esto no obstante la advertencia de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) a los líderes rebeldes, de cancelar concesiones y autorizar a automovilistas particulares para que sustituyan a los ruteros. Pero sólo por un mes, mientras concluye el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y arranca la administración de Margarita González Saravia, quien en este tema ha optado por la prudencia del silencio.
El caso es la inminencia de que, en lo muy poco que le queda al gobierno de Cuauhtémoc Blanco o en el que viene de Margarita González, sea aprobado el tarifazo, lo cual constituiría un fuerte golpe a la economía popular. Sin embargo, ansiosos, los concesionarios de las rutas presionan para que el tarifazo sea ahora, ya, antes de que termine agosto, y suba de diez a catorce pesos.
El escenario de la rueda de prensa realizada el viernes fue la Plaza de Armas, el poder del Palacio de Gobierno que fue retado por los dirigentes de permisionarios de rutas, Aurelio Carmona Sandoval y Dagoberto Rivera Jaimes. Irreverentes, amenazaron con que si el lunes no les es concedido el tarifazo pararán el transporte público en Cuernavaca y en los demás municipios, y además bloquearán el tránsito de Cuernavaca. Rivera intentó “quedar bien” con los suyos, así que su tono fue de soberbia al “conceder” una tregua. Soltó: “Les vamos a dar tregua de aquí al domingo para que nos den una respuesta favorable; de lo contrario, tomaremos acciones este lunes, por lo que no vamos a dar servicio, para que la ciudadanía esté advertida. A las nueve de la mañana estaremos bloqueando los puntos más importantes de Cuernavaca si no hay ningún acercamiento”.
¿A quiénes se refirió al hablar en plural diciendo: “les vamos a dar tregua”? Obviamente, al aún gobernador Cuauhtémoc Blanco y al secretario de gobierno, Samuel Sotelo
Salgado, los que poco tardaron en contestar por medio de un comunicado de prensa de la Secretaría de Movilidad y Transporte, sentenciando que, si las amenazas de los transportistas se materializan, “se aplicará la ley con firmeza y determinación”, y además, se lanzará una convocatoria de urgencia para obtener nuevos concesionarios del transporte público en Morelos, a fin de garantizar la continuidad del servicio.
Añadió la nota: “la ley de transporte es muy clara en la fracción VIII del artículo 71, donde se señala que se revocarán las concesiones cuando se altere el orden público o la vialidad, procediendo a buscar nuevos concesionarios que respeten las normas y no busquen afectar a la ciudadanía”. Lo que, si a los líderes de las rutas les entró por una oreja y les salió por otra, es porque no creen que el gobierno sea capaz de “buscar nuevos concesionarios”. De esto precisamente trató el Atril del pasado 15 de agosto, en el que recordé que en 1987 “choferes de taxis y autobuses urbanos empezaron a recorrer las calles con lo primero que tuvieron a la mano: coches a manera de taxis ‘peseros’, viejos la mayoría, y combis usadas que los usuarios aceptaron de buen talante. Hoy, no es mala idea que esta historia se repita”. Resumí el quid, que el mal estado de las unidades del transporte público, así como el mal servicio que brindan los transportistas, es uno de los principales puntos negativos que demanda la sociedad, señalando lo sabido, que numerosas unidades tienen los asientos en muy malas condiciones, así como las ventanas, los pisos y la falta de servicio mecánico.
El tarifazo sólo debería suceder si mejora el servicio, que saquen de circulación a los microbuses y combis carcachas. Precisamente el imposible que nadie refirió en la rueda de prensa del viernes… (Me leen mañana).
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