Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) serán nombrados de manera transparente, democrática, justa, y no en base al reparto de cuotas de partidos políticos y sujetos políticamente influyentes. Eso dicen los diputados del Congreso Estatal, pero no se les cree; digamos que no es su culpa, que intentan llevar bien el procedimiento pero heredaron cargas de incredulidad social. Mas para que no haya suspicacias sobre opacidad y sospechas de mentiras, alguno de los legisladores de Morena, PES, PAN, PVEM o del partido que sea puede sugerir un método que dé certeza al procedimiento. Nada de otro mundo, sino algo simple y sencillo que puede proponer uno o varios de los aspirantes al puesto, el sueldo y las prerrogativas de magistrado, o alguna de las muchas agrupaciones de abogados, la barra, el colegio, o la propia Facultad de Derecho de la UAEM. Consiste en que los aspirantes sean examinados por un jurado integrado por sinodales reconocidos en el foro morelense y de México por sus trayectorias de capacidad y experiencia, verbigracia, dos o tres magistrados de la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ello invitados. Para decirlo pronto, un método jamás aplicado en los nombramientos de magistrados del TSJ, contrario al acostumbrado “dedazo” por consigna del Ejecutivo, como ha sucedido históricamente en estos casos. Y una cosa más sencilla aún, si de lo que se trata es de empezar a poner orden en el Poder Judicial: calificado Rubén Jasso Díaz como presidente espurio por sus contrarios, oficialmente no ha variado la posición del bloque de magistrados que en mayo pasado lo desconoció como presidente del TSJ: Norberto Calderón Ocampo, Andrés Hipólito Prieto, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Ángel Garduño González, Rocío Bahena Ortiz, Luis Jorge Gamboa Olea, Nadia Luz María Lara Chávez, Carlos Iván Arenas Ángeles y Bertha Leticia Rendón Montealegre. Manifestaron en un comunicado del que no se han desdicho: “No reconocemos a Rubén Jasso Díaz como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, porque no lo es, y hacemos responsable directamente a la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López o María del Carmen Cuevas López de todos los daños y perjuicios que se hayan producido y se produzcan en todas las instancias jurisdiccionales y administrativas del tribunal, por haber utilizado un mecanismo espurio que busca malograr el que el Tribunal Superior de Justicia cuente con la representación que, a través de la presidencia, legal y legítimamente corresponde”. Refirieron la sesión del 5 de mayo que se realizó en medio de la contingencia sanitaria por el cólera virus, en un día marcado oficialmente como inhábil y por lo tanto no contó con el quórum legal cuyo criterio ha sido ratificado por jueces federales con respecto a que, para sesionar y tomar decisiones, deben estar presentes al menos doce magistrados y sólo acudieron nueve. Dos meses después, la SCJN sepultó la reforma local por la que los magistrados del TSJ pretendían permanecer en el cargo hasta 20 años. Causaron baja Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena, María del Carmen Cuevas López y José Valentín García. Dejaron las cuatro vacantes que harían la diferencia en la eventualidad del juicio político que sería la clave del sexenio. Por eso y otras cosas la importancia del futuro cuarteto de magistrados… (Me leen después).
Por José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com