El ex presidente municipal de Jiutepec, Manuel Agüero Tovar, festejó en redes sociales.
No cabía de contento.
La Sala del Circuito Judicial Único en materia de Justicia Penal Oral con sede en Jojutla desechó el auto que cuatro meses atrás lo había vinculado a proceso penal.
Presumió en Facebook su “absolución” de los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público por 19 millones de pesos que cobró de manera anticipada por el impuesto predial del año 2019.
Pero poco le duró el gusto.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) advirtió que volverá a imputarlo ante un juez, esta vez por los delitos de peculado y ejercicio ilícito de la función pública.
La FECC tiene memoria.
Recordó que Agüero enfrenta otro proceso por el delito de ejercicio abusivo de la función pública –del cual no ha sido absuelto– al haber beneficiado a su familia con un contrato de arrendamiento de un predio ubicado en la colonia Vista Hermosa para utilizarlo como corralón municipal.
Ahora el que luce una sonrisa de oreja a oreja es el actual alcalde, Rafael Reyes Reyes, y acongojado Agüero, de quien sus cercanos de Jiutepec recién celebraban que ya estaba en pláticas con la dirigencia del PRD para postularse como candidato a diputado federal.
Ajá… LO del agua, al apanclito.
La pasada administración vendió diez mil permisos “temporales” del transporte público, sobre todo taxis y rutas.
Según las cuentas que hacen los que de esta transa se enteraron, ocurrió que los “coyotes” –por cierto, siguen haciendo de las suyas, sistemáticos, rutinarios, así que la recaudación es millonaria– comercializaron los permisos entre 25 y 80 mil pesos cada uno, ingresada una pequeña parte a la tesorería para taparle el ojo al macho, y la mayoría de la billetiza a los bolsillos de funcionarios corruptos, gestores, empleados.
¿Quiénes? Lo sospechan pero no les será fácil comprobarlo, hace tiempo que los defraudadores se gastaron o invirtieron la lana, a estas alturas difícilmente serán alcanzados por el brazo corto de la ley, las víctimas no recobrarán su dinero y se repetirá la película de “lo caido, caido”.
Sucedió a fines del sexenio de Sergio Estrada Cajigal, so pretexto de la regularización.
Aunque depreciadas las de taxi en comparación a lo que valían en los tiempos más viejos, todavía cuestan buen dinero y siguen siendo consideradas un patrimonio que dan para vivir, sobre todo por quienes poseen más de una, entre ellos los llamados líderes del transporte.
Esto, aunque sabido es que en Cuernavaca hay taxis de sobra, superada la oferta por la demanda desde mediados de 2006 cuando a poco de dejar la gubernatura Estrada emitió casi 4 mil concesiones, y además decretó la metropolización del servicio de taxis para que los permisos de Xochitepec, Temixco, Zapata y Jiutepec costaran lo mismo que los de Cuernavaca y poder desde entonces circular en la capital los taxis de los municipios conurbados.
Años atrás, durante el gobierno 1988-94 de Antonio Riva Palacio ya habían sido autorizadas unas veinticinco mil concesiones, de taxis y rutas la gran mayoría y las menos de servicio de carga.
Pero de alguna manera esta historia venía desde inicios de los ochenta.
La generación actual de operadores de microbuses “ruteros” no había nacido cuando el entonces gobernador Lauro Ortega Martínez creó el sistema de transporte colectivo al que rápidamente los usuarios bautizaron como “rutas”.
Pocos años después de la fundación de los comités populares de transporte en pueblos del interior del estado, fueron sorteadas unas setecientas concesiones a choferes y permisionarios de taxis por medio de una rifa efectuada en 1987 en el entonces Cine Ocampo y posteriormente Teatro de la Ciudad...
(Me leen después).