El o la automovilista tiene prisa, no ve el disco que prohíbe estacionar y si lo ve de todos modos deja su coche mal estacionado. No hay moros en la costa, así que entra al banco, supermercado, tienda, oficina o dondequiera que deba estar. Pero más tarda en dejar su coche que en aparecer el motociclista, patrullero o agente de a pie. Y éste en llamar a la grúa que aparece como por arte de magia, cual ambulancia acudiendo en auxilio de un accidentado.
Le advierte el típico motociclista gordo a la víctima en curso: “¡no te la vas a acabar!”. Haberse estacionado en lugar prohibido, el “arrastre” de la grúa y la pensión del corralón le costará unos seis mil pesos. O una “mordida” de tres mil y mínimo dos mil pesos que el policía de vialidad recibe con discreción y el mordelón compartirá con el chofer y el ayudante de la grúa para que éste a su vez “se moche” con la empresa de grúas que tiene el contrato del Ayuntamiento y participa del “mochadero”.
Por eso el anuncio del nuevo alcalde José Luis Urióstegui, en el sentido de que suspenderá contratos con empresas del servicio de grúas y el Ayuntamiento operará con unidades propias. ¿Urióstegui comprará grúas, rentará un corrralón o ya lo tiene? Mientras tanto la buena nueva de que en enero no habrá infracciones de tránsito, y a partir de febrero una campaña de concientización para que taxistas y automovilistas particulares manejen como personas educadas, por la derecha, respetando los semáforos y el reglamento de tránsito, pues. La misión imposible ya que supuestamente incluye a los ruteros, los peores entre los peores conductores, históricamente “arreglados” con Tránsito municipal y Transporte estatal en una vieja cadena de corrupción que llega hasta arriba y ha vuelto millonarios a personajes de la política ramplona que inclusive hoy tiene a un ilustre aspirante a gobernador. Esto y más yace en el fondo de la guerra a los gruyeros declarada por Urióstegui.
El nuevo alcalde sabía que hallaría un cochinero, pero no es lo mismo saberlo que olerlo. Apesta, es fétido, por doquiera huele a corrupción. El negocio de la basura es sólo una parte del tiradero. Dos semanas antes de concluir el trienio, el cabildo le autorizó al hoy ex presidente municipal Antonio Villalobos Adán pagar con recursos del ejercicio fiscal 2022 treinta y ocho millones y medio de pesos a la empresa recolectora de basura “KS Ambiental” que había suspendido el servicio de recolección. La contingencia dio pretexto a la jugada “política” del pago urgente, y fortaleció la sospecha de que en tres años el contrato de la basura habría sumado “moches” por varias decenas y hasta cientos de millones de pesos.
El tesorero Carlos Javier Arozarena detalló una parte del tiradero heredado por Urióstegui. Que Villalobos se fue sin dejar los recursos para pagar la segunda parte del aguinaldo de los trabajadores, 35.4 millones de pesos, ni la segunda quincena de diciembre, 25.7 millones. La buena noticia la dio el mismo Arozarena. Garantizó que la administración de Urióstegui cuenta con recursos suficientes, de modo que este día pagará la segunda quincena de diciembre y la próxima semana la segunda parte del aguinaldo. Aseguró: el cabildo encabezado por Villalobos ejerció recursos de pago anticipado por concepto de servicios públicos municipales para el ejercicio fiscal 2022, y ya que por ley no les correspondía hacerlo (el equipo cercano a Urióstegui) está analizando iniciar las denuncias contra quien corresponda. Veremos y diremos… (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán