La gobernadora Margarita González Saravia fue clara. Dijo: no habrá aumento de tarifa en el Sistema Colectivo de Transporte, las rutas, pues. Y remachó el portazo a los ruteros: cualquier discusión sobre un ajuste en la tarifa está condicionada a la modernización de las unidades. O sea, primero combis y microbuses nuevos, y luego la discusión por el incremento tarifario. ¡Fuera carcachas! Pero antes que otra cosa, priorizar la calidad del servicio de movilidad. Esto en respuesta a la Federación Auténtica del Transporte (FAT) que insistirá en el alza de la tarifa, de hasta catorce pesos, no diez, como ya está y que, comparada con otros estados, es demasiado alta. En Zacatecas, los concesionarios de las rutas también llevan meses solicitando el incremento del precio del pasaje, y la respuesta del gobierno ha sido un no determinante. El 15 de febrero pasado, la Subsecretaría Zacatecana de Transporte Público les dio un portazo a los ruteros, informando que no está autorizado el incremento de la tarifa, por lo que el costo sigue siendo de $9.50, por supuesto, con la aplicación de tarifas preferenciales a las personas minusválidas y de la tercera edad. Es decir, una tarifa cincuenta centavos menos que en Morelos, donde la mafia del transporte mantiene la tarifa de diez pesos, pero además exige un tarifazo de hasta catorce. Afortunadamente para los usuarios, que suman docenas de mies, la amenaza del dirigente de la FAT, Dagoberto Rivera Jaimes, ha resultado fallida, ridícula. Alardeó: “Una vez que se instale el nuevo coordinador del Transporte, estaremos listos para discutir el incremento que consideramos necesario”. Que espere sentado, parado se va a cansar…

La historia que, he contado más de una vez, viene a cuento: De 40 centavos que costaba un pasaje en las postrimerías de los años cincuenta y 45 en los sesenta, escaló a 50, 60 y 70 centavos.

Cinco años después llegó a $ 1.50, como consecuencia de la primera devaluación del peso en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Se acercaba el final de los ochenta cuando el pulpo camionero dio la última boqueada. Databa de fines de los setenta, monopolizado por el zar del transporte, Jesús Escudero, un multimillonario con autobuses de pasaje urbano en Acapulco y gente, se decía, del cacique del priismo guerrerense Rubén Figueroa Figueroa. En Morelos, Escudero les compró autobuses y concesiones a los dueños de las líneas de camiones urbanos y suburbanos Chapultepec, Urbanos y Emiliano Zapata.

En 1979-80, los usuarios de Cuernavaca y municipios aledaños estaban hartos de que los permisionarios del transporte urbano subieran las tarifas cada vez que les daba la gana. Los transportistas estaban coludidos con funcionarios corruptos. De pronto convertidos en concesionarios, los choferes de taxis y autobuses urbanos empezaron a recorrer las calles con lo primero que tuvieron a la mano: coches a manera de taxis “peseros”, como había en el entonces Distrito Federal, viejos la mayoría, y combis usadas que los usuarios aceptaron de buen talante. Creadas como el Sistema de Transporte Colectivo por el entonces gobernador Lauro Ortega Martínez, sorteada una parte de las concesiones en el desaparecido cine Ocampo (el hoy Teatro de la Ciudad) a choferes de taxis, otra parte a permisionarios de los antiguos autobuses de servicio urbano de pasajeros y una tajada más del pastel a las dirigencias de la CTM y el SNTE que fundaron las rutas obrera y escolar… (Me leen mañana).

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