Los principales problemas a los que apenas asuma la alcaldía citadina se enfrentará José Luis Urióstegui Salgado son de tipo económico. Uno: el Ayuntamiento le debe hasta la camisa a la Compañía de Luz y Fuerza (CFE); Urióstegui recibirá una administración mucho más quebrada que sus últimos antecesores. A fines de abril, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) le debía a la CFE 240 millones 562 mil 183 pesos, y como siempre la población volvió a pagar los platos rotos, la paraestatal cortó la luz en seis pozos y miles de personas se quedaron sin agua. Por consumo de energía eléctrica en instalaciones del SAPAC, hace dos semanas Urióstegui confirmó adeudos por 300 millones de pesos como una herencia que data de diez años. En esos días trascendió una reunión de funcionarios de la CFE con el presidente municipal electo y el aún alcalde en funciones, Antonio Villalobos Adán, pero evidentemente no hubo acuerdo. Y dos: los laudos, crecientes los montos de indemnizaciones por despidos de trabajadores de la Comuna no tienen freno. Nunca como en la última década la crisis económica en los ayuntamientos de Morelos había alcanzado niveles de gravedad extrema, de un problema sin solución a la vista. A la mayoría de los presidentes municipales apenas les alcanza para pagar la nómina, deben hasta la camisa a proveedores y por laudos laborales la deuda es irremontable. En noviembre de 2019, el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos señaló que 24 municipios registraban laudos por 580 millones de pesos, que los demás no estaban en un lecho de rosas pero Puente de Ixtla y Totolapan encabezaban la lista de ayuntamientos “drogueros”. El mal viene de muy atrás. En octubre de 2011, la realidad de la década a que se refiere el próximo alcalde de Cuernavaca ya era parecida a la de hoy. Nueve de cada diez laudos resultan a favor de trabajadores despedidos en anteriores administraciones, más municipales que estatales. Largos los juicios, interpuestos recursos por demandantes y demandados, los alcaldes “hacen tiempo”, pero al final ganan los trabajadores. Una danza de docenas de millones de pesos que afectan las finanzas de las comunas, de por sí magras a causa del exceso de personal sindicalizado con antigüedades de diez, nueve o más años que, sumados a las contrataciones de administraciones entrantes, absorben la mayor parte del gasto corriente, así que el pago de nóminas deja nada o muy poco para obra pública. El orden subsistió hasta el 2000, cuando los burócratas de base y los funcionarios se regían por la ley no escrita de que sus “chambas” terminaban junto con el final del trienio o el sexenio de las administraciones municipales y estatales. Renunciaban voluntariamente, se acomodaban en el mismo o en otro puesto, se iban “a la banca”, esperaban otra oportunidad que a veces tardaban años o de plano no llegaba pero raramente demandaban por despido injustificado. En enero el arranque de las nuevas administraciones municipales generará un nuevo alud de demandas laborales. Cientos de funcionarios y trabajadores de base laboraron tres años y gastaron lo que ganaron, sus salarios se les fueron en las colegiaturas de los hijos, las “letras” de los carros comprados en abonos, las hipotecas de casas que no alcanzaron a saldar, se sintieron “ricos”, se les fue el tiempo, soñaron que las chambas en gobierno eran para siempre. Hoy la pesadilla los despertará … (Me leen después).
Por:José Manuel Pérez Durán jmperezduran@hotmail.com