Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, el diputado por el PES, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, asegura que los cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y los dos de Justicia Administrativa serán “los mejores abogados” surgidos de un proceso transparente y sin intereses económicos o políticos. ¿”Los mejores” según quién y bajo qué criterios? ¿De acuerdo a las trayectorias académicas y laborales que acrediten los aspirantes? ¿Que sean simplemente personas honestas? No lo dijo, y tampoco propuso que los futuros magistrados debieran surgir de exámenes individuales de oposición, examinados por sinodales imparciales, capaces, profesionales, reconocidos como expertos en derecho y amantes de la justicia. Es decir, lo que nunca ha ocurrido en proceso alguno de nombramientos de magistrados del TSJ, históricamente impuestos por afectos personales, intereses de grupos y en medio de circunstancias políticas ajenas a la sustancial del Poder Judicial. En otro tema, el reproche de Sotelo que, aparte mordidas de lengua, es plausible por coincidente con el sentir del ciudadano común que detesta a los corruptos. Declaró: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) a cargo de Juan Salazar Núñez ha quedado a deber, pues no ha castigado a los responsables del endeudamiento del Congreso por más de 100 millones de pesos… además de otras anomalías como la aprobación de las llamadas “pensiones doradas”. De acuerdo, ¿pero los legisladores de ahora ya se olvidaron de las diputadas de antes? ¿No se acuerdan que se desgañitaban asegurando que las iban a meter en la cárcel? En agosto de hace un año, a Beatriz Vicera Alatriste se le ordenó que cada 15 días acudiera a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares, después de que por no hacerlo una vez ya había sido declarada sustraída de la justicia. Un año más tarde, ¿ha cumplido la medida cautelar? Se le prohibió acercarse a los diputados “denunciantes”, vulgo “soplones”, así como a los testigos. Tampoco debería apersonarse en las instalaciones del Congreso y el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado. Y por si intentara fugarse, huir, pelarse, poner tierra de por medio, la FECC emitió una alerta migratoria para impedir que la Vicera saliera del país. Esto y más en la audiencia de imputación de la causa penal JC/323/2019 versus la ex perredista y más atrás priista, tratada así no sólo porque se le sospechara como una presunta delincuente, o porque hubiese quedado formalmente imputada del delito de peculado por más 23 millones de pesos destinados al Instituto de Crédito por cuotas de trabajadores del Legislativo morelense que se dijo al parecer acabaron en cuentas de empresas fantasmas. Eso de “cuentas fantasmas”, ¿dónde lo hemos oído? ¿Le suenan al lector los nombres del ex gobernador veracruzano Javier Duarte o del ex director de Pemex, Emilio Lozoya? Compañera de bancada, hermana del mismo dolor y pieza de la misma causa penal, la también ex diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta ya había sido ligada a proceso penal porque supuestamente “distrajo” más de nueve millones de pesos. Que de las “distracciones”, “desviaciones” o “evaporaciones” de los billetes sean, efectivamente, responsables, y que andando el tiempo paren o no en prisión, es cosa que aún está por verse. Pero lo que sí que, pasado un año, hoy está la sospecha de que las dos diputadas de antes hayan tenido un acuerdo (¿económico?) con los diputados “machuchones” de ahora. Ahora resulta que la pandemia también tiene la culpa de la parálisis de la justicia… (Me leen después).
Por José Manuel Pérez Durán / jmperezduran@hotmail.com