E

l comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, comparecerá ante el Congreso local … pero en privado, a puertas cerradas, pues. Sentado el marinero Ortiz en el banquillo de los acusados, si abierta fuera la sesión, ¿el público, disfrutaría una andanada de regaños por parte de los diputados? Mientras son peras o manzanas, el presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, Marcos Zapotitla Becerro, desparrama demagogia, habla de “pacificación”, de que los diputados y el compareciente se sentarán a la llamada “mesa para la pacificación” de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero paz en serio es precisamente lo  que falta entre los diputados, unos rijosos y otros bajo sospecha de que, al igual que los de la anterior Legislatura y otras de más atrás, ya han sido “maiceados”, billeteados, pues, para que aprueben las cosas que les ordenan desde fuera. No por nada, con la del martes llevaban cinco sesiones pospuestas, incierta por lo tanto la verificación de la de ayer en la que estaba anunciada la comparecencia del fiscal general Uriel Carmona Gándara, y atorada hace semanas la designación del auditor anticorrupción en el centro de la disputa política… y económica. Peor aún: al admitir que el secretario Pedro Ojeda “busca destrabar el conflicto ente diputados”, tácitamente reconocen una situación de intervencionismo en asuntos del Legislativo. Lo cual sería lo de menos ante el verdadero problema, la seguridad de los morelenses, de la que Zapotitla declara es necesario “un cambio de estrategia”, pero no dice que también urge el cambio del comisionado de seguridad… A PROPÓSITO de la pregunta del lector que remite con el nombre de Arquímides Salgado, de si es oficial o no la apertura de la mina de oro en Temixco, lo siguiente que no por conocido deja de ser gravísimo: Habida cuenta la gravedad de los problemas de salud y el daño irreversible al medio ambiente que implica la extracción de oro y plata, más los que se provoquen a la zona arqueológica de Xochicalco, es menester recordar que en septiembre de 2013 la firma “Esperanza Silver Resources” le transfirió las siete concesiones a la empresa “Álamos Gold” o “La Compañía”, de Toronto, Canadá. El consorcio anunció entonces que en los siguientes 18 meses volverían a presentar el plan “Esperanza Proyecto Oro” que le negó la Semarnat a “Esperanza Silver” porque es violatorio de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues afectaría los recursos hídricos y el área arqueológica ubicada en el área que implican las 7 concesiones mineras con un total de 150 millones de metros cuadrados. En entregas anteriores subrayamos los daños causados por la extracción y beneficio del oro y plata, sin que de las cuantiosas utilidades que obtienen las mineras extranjeras destinen un peso a la prevención y remediación de las catástrofes naturales provocadas, y mucho menos para indemnizar a los trabajadores mineros y a sus familias por las intoxicaciones con cianuro de sodio que usan para la depuración del oro y mercurio para la plata, causantes de cáncer, enfisema, inflamación de la tiroides, infecciones de la piel, entre otras. El resolutivo emitido en 2013 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por medio del cual se negó la autorización de impacto ambiental al proyecto de la minera “Esperanza Silver” que pretendía explotar un yacimiento de oro a cielo abierto en el estado de Morelos, “está sólidamente fundamentado en apego a la legislación ambiental y en los argumentos para fundamentar la negativa se tomaron en cuenta las opiniones técnicas tanto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como de la como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”. Así se dijo cuando el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) consideró que este tipo de resoluciones “contribuyen a fortalecer el Estado de Derecho en México y a generar un marco de confianza y certidumbre jurídica”. Además, los argumentos técnicos con los que la Conagua le negó a la minera explotar el oro de Xochicalco, entre otros: No se consideró la disponibilidad real del agua subterránea, lo que no permite determinar la viabilidad del proyecto. No se consideraron los volúmenes que la Conagua ha concesionado a partir de agosto de 2009, por lo que los 760,000 metros cúbicos de agua que requiere el proyecto representan el 51.14% de la disponibilidad existente, así que se pondría en riesgo y peligro el abasto del recurso para usos futuros de alta prioridad como el crecimiento de las necesidades para el consumo humano y otros usos… (Me leen mañana).

 

José Manuel Pérez Durán
jmperezduran@hotmail.com