CUERNAVACA, MORELOS.- El Congreso del Estado a través de la Comisión de Desarrollo Agropecuario atenderá la problemática que enfrenta el campo morelense, sobre todo en materia de seguridad.

El presidente de la comisión, José Luis Galindo Cortez, informó que para los próximos días está previsto que se lleve a cabo una reunión interinstitucional con la participación de los responsables de la Comisión Estatal de Seguridad, vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros; de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara, y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba, entre otros.

En el orden del día de la reunión aparece como una prioridad el problema del robo de ganado, para que sea atendido; le siguen el robo de cosechas, la extorsión, el cobro de piso y los problemas para trasladar ganado.

Galindo Cortez dijo que la agenda se construyó a partir de los testimonios que se recogieron en los siete foros ciudadanos que la comisión a su cargo llevó a cabo, como primera acción de la agenda de atención al sector agropecuario desde el Congreso.

Indicó que para atender los principales problemas que afectan a los productores en materia de seguridad no se necesita hacer cambios al marco jurídico, sino aplicarlo.

Zonas de incidencia

En el tema del robo de ganado, el diputado dijo que hay zonas identificadas como de alta incidencia y consideradas como foco rojo, por lo que pedirán a la CES que coloque más cámaras de videovigilancia para inhibir el delito o perseguirlo con resultados exitosos.

Se va a solicitar al fiscal que el Ministerio Público sea más efectivo en la investigación de denuncias por extorsión y cobro de piso, que afectan a negocios focalizados como los invernaderos.

La reunión debió llevarse a cabo hace dos semanas, pero se difirió debido a la agenda de los funcionarios.

En 2016, el Congreso modificó el Código Penal para endurecer las sanciones contra el robo de cabezas de ganado equino, bovino, caprino, ovino, porcino, o sus híbridos, pero las organizaciones que representan al sector mantienen su exigencia contra el Congreso para que el delito sea calificado como grave.

ANTONIETA SÁNCHEZ
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