La política española vive días convulsos tras una serie de acusaciones que involucran indirectamente al presidente Pedro Sánchez y a su familia en supuestos negocios vinculados a la prostitución.
Durante una reciente sesión en el Congreso, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), acusó al presidente de beneficiarse económicamente de prostíbulos y saunas gestionados por su suegro, Saturnino Gómez, quien falleció hace varios años. Estas denuncias se basan en audios y documentos judiciales relacionados con un caso de espionaje ilegal que involucra a un excomisario de policía.
La oposición sostiene que estas supuestas actividades ilegales manchan la imagen del gobierno y afectan su discurso feminista, en un momento político delicado, especialmente tras la caída de la intención de voto entre mujeres simpatizantes del PSOE.
Además, un escándalo paralelo se desató tras la difusión de audios entre el exministro José Luis Ábalos y su asesor, en los que aparentemente seleccionaban acompañantes femeninas para viajes oficiales del partido. Una de estas acompañantes declaró ante la justicia que recibió pagos sin un vínculo laboral claro, lo que aumentó la polémica.
Ante estas acusaciones, Sánchez ha pedido disculpas públicamente y ha impulsado medidas internas para sancionar a quienes consuman prostitución dentro de su partido.
Este conjunto de polémicas ha generado un debate intenso en España sobre la política, la ética y el feminismo, con repercusiones que trascienden las fronteras del país.