Una de las metas que tienen todas las familias morelenses, es el poder contar con una casa propia que cubra todas y cada una de sus necesidades, en donde puedan pasar los mejores momentos de su vida, gozando de paz y tranquilidad durante muchos años, en un entorno agradable con la familia y que cuenten con la infraestructura básica, con el equipamientos y servicios que atiendan todas sus necesidades presentes y futuras, y sobre todo que se ubiquen en un entorno de seguridad y prosperidad para todos los miembros de la familia.

Esta no es una tarea fácil, ni para las autoridades que tienen la obligación de ofrecer todas las facilidades dentro de la normatividad local y mucho menos para las empresas que ofrecen la inversión necesaria para el desarrollo de unidades habitacionales que beneficien a la población de Morelos.  

Esta noble tarea se ha desvirtuado tanto por una parte como por la otra, por un lado, las autoridades en los últimos tres sexenios se dedicaron a caminar de un extremo a otro, los dos primeros sexenios en el periodo 2,000 al 2,012, se abrió la puerta a todas las inversiones de vivienda, contando con el apoyo de las autoridades federales y se construyeron en Morelos una cantidad cercana a las 70,000 viviendas para diferentes estratos sociales, las facilidades aportadas por las autoridades locales fueron todas, se permitió el cambio de uso de suelo de agrícola tanto temporal como riego a uso urbano, lo que se constató con la formulación de múltiples programas de desarrollo urbano, llegando a generarse hasta 3 programas de desarrollo urbano en un periodo municipal de 3 años. 

Por el otro lado, los inversionistas aprovecharon las facilidades para la construcción de vivienda, generando tantas unidades que pudo dar solución a la demanda local de vivienda; sin embargo, los morelenses no fueron los beneficiados de este “Boom comercial de vivienda”, ya que las viviendas fueron ofertadas al exterior de Morelos por la facilidad de su comercialización.    

La construcción de vivienda en el periodo 2,000 al 2012, no sirvió para que los morelenses obtuvieran el beneficio de una vivienda para su familia; sin embargo, las autoridades del estado manifestaron que la construcción de tantas viviendas sirvió para detonar la economía de la entidad, convirtiéndose en un poderoso motor económico, lo que permitió no sufrir los embates de la crisis económica que a nivel nacional se presentaba en esos tiempos.

Las autoridades gubernamentales del periodo 2012 al 2018 se fueron al otro extremo y se cerró toda posibilidad de construir vivienda en Morelos por cuestiones netamente ambientales, lo cual es loable, siempre y cuando se den opciones para que el desarrollo sustentable sea una realidad. La sustentabilidad solo se obtiene cuando tomas en cuenta aspectos ambientales, económicos y sociales, cosa que en ese periodo no sucedió, ya que se dio prioridad absoluta al medio ambiente.

También es importante señalar que la disminución de la actividad inmobiliaria en la economía del Estado, ha sido motivada no solo por las decisiones gubernamentales con severas restricciones planteadas por el ejecutivo estatal, también ha influido de manera importante, la situación de peligro constante que la delincuencia organizada ha impuesto en Morelos.

Ante este panorama da inicio la presente administración gubernamental (2018 – 2024), la cual por declaraciones vertidas en el mes de mayo, existe un compromiso del gobierno estatal de impulsar el crecimiento ordenado y dar certeza a la población, mediante opciones viables de crédito para la construcción de vivienda; por lo cual promueve la construcción de 1,500 viviendas sustentables en varios municipios del Estado, aceptando que el desarrollo de casas es el motor generador de empleo y economía. 

Le reconocemos al nuevo gobierno su interés por salir del ostracismo que llevó a Morelos a una disminución importante de su economía, al perder la inercia y el empuje del desarrollo inmobiliario en la administración gubernamental anterior; sin embargo, falta constatar que del dicho se llegue al hecho, y que el producto llamado vivienda sea para beneficiar a la población de Morelos y no se oferte en el exterior a personas ajenas al estado y que solo compran vivienda turística, para ser usada los fines de semana y días festivos, y en ocasiones solo usan una vez al año o se convierta en una inversión inmobiliaria con fines de lucro. Esta situación nos afecta todos los que vivimos en Morelos, porque los desarrollos aprovechan la infraestructura y el equipamiento instalado, que tanta falta le hace a las viviendas en donde habitamos.

Por otro lado, tenemos que estar atentos a las acciones que nuestras autoridades llevaran a cabo en los próximos meses, porque es de todos sabido que la normatividad ambiental vigente en la Entidad, no permite la construcción de vivienda, por lo cual se promueven cambios en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de Morelos, para dar certeza jurídica y facilidades a la construcción de vivienda; sin embargo, el problema no está en las leyes urbanas, está en las leyes y documentos normativos ambientales. 

No obstante lo anterior, celebramos el interés de nuestras autoridades por buscar dar solución a un problema añejo de los morelenses que no cuentan con un lugar propio para vivir. Según datos conservadores aprovechando información del INEGI y del CONAPO, en Morelos se requieren en la actualidad más de 52,000 viviendas, lo que representa una necesidad promedio de más de 8,000 viviendas al año durante los 6 años de la presente administración gubernamental; por lo cual, 1,500 viviendas es un inicio.  

Hacemos votos porque tanto las autoridades como los inversionistas, se interesen en dar solución a la necesidad de vivienda para los morelenses, la cual debe ser una “vivienda digna y sustentable” con las características propias para una adecuada habitabilidad, ya basta de construir viviendas turísticas consideradas por los compradores como un “cuarto de hotel”; se requiere la construcción de desarrollos habitacionales inmersos en las zonas urbanas, para tener cerca los servicios básicos y el trabajo y contar con viviendas de tamaño adecuado para ser habitadas de manera continua por una familia. 

La construcción de vivienda en Morelos ha sido una constante con la autorización o no del gobierno, generándose la mayoría de las veces asentamientos irregulares en zonas agrícolas o forestales, debido principalmente por la gran necesidad de un lugar en donde habitar y en segundo término porque la mayoría del suelo en Morelos es de carácter social (tierra ejidal y comunal), en donde las autoridades municipales y estatales no tienen control. Los desarrollos habitacionales tanto regulares como irregulares se han construido en los últimos años, en terrenos alejados de la zona urbana de los municipios de Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Emiliano Zapata, Cuautla, Ayala, Yecapixtla, Atlatlahucan, Yautepec y Tlayacapan, principalmente. 

Sabiendo la existencia de estos desarrollos habitacionales que regularmente están desocupados en un porcentaje cercano al 70 por ciento, la pregunta surge, ¿en qué municipios se desarrollaran las 1,500 viviendas que promueve el gobierno del estado?; serán los mismos municipios en donde ya existen viviendas desocupadas o abrirán nuevos frentes.

Es preocupante el conocimiento que puedan tener los tomadores de decisiones, ya que una equivocación puede provocar daños al resto de la población, y ponemos como ejemplo lo mencionado por las autoridades del municipio de Cuernavaca, que tienen interés de convertir en zona urbana las lomas del poniente de Cuernavaca, en donde se ubican las únicas barrancas no contaminadas del municipio.

“Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Morelos A.C.”
opinion@diariodemorelos.com

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