A las 5 de la mañana del miércoles 12 de julio de 2017 un enorme hueco se abrió en el pavimento del Paso Express, un libramiento de la autopista Cuernavaca-Acapulco, que apenas tres meses antes había sido inaugurado por el presidente Peña Nieto bajo la promesa de que duraría 40 años. El sorpresivo socavón se tragó un automóvil en el que viajaba el señor Juan Mena López y su hijo. Ambos fallecieron por asfixia tras dos horas de agonía.
Unas horas después de ocurrido el accidente la SCT se apresuró a decir que el hundimiento fue consecuencia de una alcantarilla tapada por una enorme cantidad de basura, sumado a la erosión del suelo producto de la deforestación causada por habitantes de la zona. Unos días más tarde reconocería defectos en la obra, pero se los atribuyó a los contratistas.
La realidad fue otra: fue la actuación negligente de los funcionarios de la dependencia que encabezaba Gerardo Ruiz Esparza lo que derivó en el incidente que pudo haberse evitado y con ello el costo humano y económico, de acuerdo con la auditoría 358-DE practicada por la ASF.
Los auditores llegaron a esa conclusión tras verificar que hubo al menos cinco alertas de diversas fuentes sobre el riesgo y mal estado en que se encontraba el subsuelo de la obra por un drenaje deficiente, que la SCT recibió en meses previos al desastre. Pero en los hechos no hizo nada.
Entre ellos está, por ejemplo, un informe interno de dos direcciones de la propia SCT fechado el 6 de mayo de 2016 en donde se alertaba de “fallas” a la altura del kilómetro 93+850, concretamente por la inestabilidad del suelo generada por la humedad y el poco desagüe.
El 10 y el 27 de septiembre de 2016 los vecinos de la colonia Chipitlán, aledaña al Paso Express, dirigieron oficios a la SCT alertando de un “desastre” inminente debido a que el tubo del desagua era insuficiente para filtrar la humedad debajo del libramiento, lo que generaba inundaciones y el peligro de derrumbes.
El 28 de septiembre fueron los propios contratistas los que sugirieron que era necesario una obra complementaria.
El 31 de octubre, especialistas de la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) inspeccionaron la zona y concluyeron que el tubo de 1.20 metros de diámetro era insuficiente para desahogar los escurrimientos, y que se necesitaba un tubo de al menos 2.44 metros de diámetro para generar un afluente solvente. El informe fue proporcionando a la SCT.
Pero en los hechos y más allá de promesas de realizar otros estudios, nada ocurrió. La obra fue inaugurada en abril sin que se pusiera en práctica ninguna solución para atender el riesgo. Tres meses después ocurrió el socavón.
“Por lo anterior, se reitera que los servidores públicos encargados de la Construcción del Paso Exprés no atendieron las soluciones y recomendaciones emitidas por CEAGUA, los colonos de Chipitlán y la Dirección General de Protección Civil Cuernavaca. Ellos (los funcionarios) tuvieron pleno conocimiento de la existencia de fallas en la alcantarilla desde marzo de 2015”, indica el dictamen de los auditores.
Sobrecostos de principio a fin
Desde el punto de vista de los auditores el Paso Express fue una obra con una “deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos”. Ello trajo consigo, entre otras cosas, sobrecostos en el proyecto, así como retrasos en los tiempos prácticamente desde el inicio.
El contrato original contemplaba una inversión de 901 millones de pesos en números cerrados, y un tiempo de ejecución de 730 días naturales que iba del 29 de noviembre de 2014 al 28 de noviembre de 2016. Luego de cuatro modificaciones posteriores, el costo de la obra ya había crecido más de 70 % para llegar a 1 mil 548 millones de pesos, y los tiempos de conclusión se habían alargado un 24 %, hasta el 30 de junio De 2017.
Luego de eso vino el desastre del socavón y las obras de reparación. Se tuvieron que destinar en total 101 millones 467 mil pesos tanto para los trabajos emergentes luego del hundimiento, así como para la denominada “estructura intermedia”. Se suponía que el costo lo asumiría el contratista, pero al final fue cubierto con el presupuesto público.
Todo lo anterior sumado a costos adicionales no previstos terminaron elevando el costo total del proyecto hasta los 2 mil 148 millones de pesos. Es decir, más del doble de lo que originalmente se había planteado.
Y hasta posibles desvíos
Las obras del Paso Express registraron irregularidades hasta en las inversiones que se llevaron a cabo para reparar los daños causados por el socavón de julio de 2017. En la revisión del presupuesto ejercido en 2018 los auditores encontraron desde omisiones hasta dinero supuestamente ejercido sin que haya constancia creíble de ello.
De la revisión de los distintos contratos firmados, todos ellos por la vía de la adjudicación directa, los auditores registraron distintos conceptos en donde no se acreditaron las inversiones supuestamente realizadas, lo que generó un faltante de 12 millones 70 mil cuyo destino no está probado.
En uno de los contratos la ASF identificó una diferencia superior a los 5 millones 741 mil pesos entre lo pagado y los precios unitarios que estaban contemplados en los tabuladores. En otro caso la SCT reportó el pago de 59 jornadas de trabajo cuando en los hechos solo se llevaron a acabo 44.
“Adicionalmente, de la revisión a la ejecución y pago de los trabajos de emergencia se detectaron irregularidades técnicas en diversos contratos, toda vez que (los funcionarios a cargo) no revisaron, controlaron ni comprobaron que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos fueran de la calidad y características pactadas en el contrato, así como no vigilaron ni controlaron el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de costo y rendimientos establecidos en las matrices de los precios unitarios de los contratos referidos”, subrayan los auditores.
En suma, la ASF identificó tan solo en los trabajos de reparación del socavón por lo menos seis posibles desvíos de recursos o malos manejos, que dejan como saldo 35 millones de pesos cuyo uso no fue claro y tendrían que ser devueltos o recuperados.
Fincan responsabilidades más de 3 años después
A más de tres años del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, en diciembre de 2020 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fincó responsabilidades a exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) la denuncia correspondiente por el caso.
En la denuncia, la ASF exonera al consorcio contratista integrado por la española Aldesem -del Grupo Aldesa- y Epccor, al determinar que no se le puede fincar responsabilidades por el incidente pues existió negligencia de los entonces directivos del centro SCT Morelos, Carlos Bussey, y de la Dirección General de Desarrollo Carreteros, José Luis Alarcón, quienes ahora tendrán que responder por lo derivado del hoyo de cinco metros de diámetro que se abrió intempestivamente en la cinta asfáltica de la apenas inaugurada obra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La entidad a cargo de David Colmenares agregó que los servidores públicos causaron daño al erario por cerca de 101.4 millones de pesos, debido a obras de reparación del libramiento, obra pública cuyo costo inicial fue de cerca de mil 400 millones de pesos, pero finalmente representó un gasto de más de 2 mil 200 millones de pesos.
Tras varias investigaciones y procesos institucionales para indagar lo que sucedió aquel 12 de julio de 2017, identificar las causas y sancionar a los culpables para resarcir los daños, hace unos meses la misma ASF confirmó que la SCT -dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Esparza- omitió recomendaciones para tomar acciones preventivas y ampliar la capacidad hidráulica de la obra, lo que pudo evitar la catástrofe en el kilómetro 93+857 de la autopista México-Acapulco.
“Los servidores públicos encargados de la construcción del Paso Exprés no atendieron las advertencias, recomendaciones y soluciones emitidas por Ceagua, los colonos de Chipitlán y la dirección General de Protección Civil. Cuernavaca, e incluso de la contratista encargada de los trabajos de construcción (de la vía)”, concluyó.
En su análisis, el organismo especializado en fiscalizar el uso de recursos públicos documentó los reportes y alertas emitidas por los pobladores de la zona, la Comisión Estatal del Agua de Morelos (Ceagua), la dirección de Dirección General de Protección Civil Cuernavaca y la constructora hicieron con anticipación ante los riesgos de “socavamiento” por la problemática que existía respecto al drenaje en el lugar.
“Se le informa a la empresa constructora que el reforzamiento de la tubería de concreto con 1.5 metros de diámetro, de la obra de drenaje del km. 93+857 (kilómetro 93+857.03), no se construirá conforme al proyecto: se deja como está y posteriormente se harán estudios en la zona. De momento se resolverá una obra reguladora”, respondió Comunicaciones y Transportes en el ‘Reporte de Problemas, Seguimiento y Soluciones’, elaborado en octubre de 2016.
La reciente denuncia también indica responsabilidad jurídica de SACC Ingeniería, empresa encargada de la coordinación general del proyecto de ampliación que desatendió las propuestas técnicas para resolver el mal desagüe con la sustitución de un tubo de drenaje de apenas 1.22 metros de diámetro. Por el incidente, donde fallecieron Juan Mena López, de 56 años, y Juan Mena Romero, de 36, fueron sancionados ocho funcionarios.
Aunque el Paso Exprés estaba programado para entregarse el 30 de junio de 2017, hubo una orden de la Dirección de Seguimiento y Control de Obra para entregarla tres meses antes, con premura pese los plazos legales que existían con las constructoras, debido a la urgencia por la entonces Gobierno federal de inaugurar el 5 de abril de 2017 la obra de cara a la campaña electoral de ese año.
Rescinden contrato a empresa
En enero de 2021, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de rescindir el contrato que le adjudicó a la empresa Construcciones Aldesem para la construcción del Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos.
Por unanimidad, la Sala Superior del órgano jurisdiccional aprobó el proyecto del magistrado Carlos Mena Adame, quien propuso declarar infundados los argumentos de la empresa, ya que la autoridad fundó y motivó su resolución.
El magistrado señaló que el contratista no cumplió con el proyecto de protección de la obra de drenaje ubicada en el kilómetro 93, además, demoraron en iniciar los trabajos del encañizado del tubo y ocasionaron daños a las propiedades de terceros, sin que se hubieran hecho cargo de las reparaciones.
En su ponencia, Mena Adame sostuvo que de no haberse presentado estas omisiones, no se habría registrado el percance del 12 de julio de 2017, fecha en la que se abrió el socavón donde murieron dos personas.