La transparencia no es algo que caracterice a todos los niveles de gobierno en nuestro país. Hay quienes se han dedicado a estudiar el tema, primordialmente en el Colegio de México y el CIDE, y se han creado instituciones con el objeto de que la transparencia se dé cada día con mayor claridad.
Sólo que la verdad es que en nuestro país las declaraciones de ataque a la corrupción son muchas, pero la realidad nos habla de otra cosa. Todos podemos ver, sentir y observar cómo la afirmación de que ya se terminó la corrupción es algo que no ha ocurrido, así de simple. Uno de los estudiosos de la materia, el Dr. Diego Valadez, nos dice que “la corrupción procede de un sistema representativo sin facultades efectivas de control político de un régimen de gobierno de poderes muy concentrados, de una justicia asimétrica, de un duro caciquismo local y de un servicio civil precario”; esto en “El combate a la corrupción en los ayuntamientos”, p. 255 y en “Transparencia y rendición de cuentas”, Colegio de México, 2016.
Y en ello basa su teoría de que no se puede pensar que el castigo a las desviaciones individuales sea una solución suficiente para terminar con la corrupción, sino a través de una rendición de cuentas adecuada.
Sobre el mismo tema, Blanca M. Macedo, en su ensayo sobre el combate a la corrupción en los ayuntamientos y las reformas de su sistema de gobierno del CIDE (2017) nos explica: “Es triste reconocer que tras tantos intentos que se han hecho durante la trayectoria del municipio libre en nuestro país para reformar esta institución, seguimos requiriendo de una reforma municipal profunda”.
La alternancia política derivó en nuestro país en un pluralismo muy precario, en el que estamos inmersos -nos dice- el que no responde a las necesidades de las comunidades que habitan en los municipios. Es necesario que los sistemas, el Nacional de Transparencia y el de Combate a la Corrupción, se acompañen de la revisión del diseño del sistema de gobierno municipal: es decir, de los mecanismos de elección de sus integrantes, de la competencia de sus miembros y del diseño de efectivos contrapesos y mecanismos de control político entre el alcalde y los regidores, así como en las funciones del síndico procurador y los mecanismos de incidencia de la ciudadanía en la gestión municipal. Todo ello para propiciar una mejor rendición de cuentas en el ámbito local.
Es inaplazable la reforma del sistema de gobierno municipal. Es necesario discutir a fondo el tema de la división de poderes en el municipio. ¿Cómo debería de elegirse al Presidente Municipal y los miembros del cabildo? ¿Cuáles deberían de ser las atribuciones de cada uno de ellos? ¿Cuál sería el mejor método para elegir regidores y cuáles sus facultades? ¿Y si por ello deberían de gozar de una facultad reglamentaria? ¿Y cómo regular la justicia local en los municipios?
Y algo de fundamental importancia: ¿Cómo involucrar a la ciudadanía para propiciar una gestión trasparente y eficiente?
Si bien la rendición de cuentas en el ámbito municipal debe vincularse también a la reforma del sistema de gobierno municipal, sustentado en la división o diferenciación de poderes, no debemos dejar de pensar en propuestas a corto plazo para propiciar un mejor desempeño de los ayuntamientos; habría que alentar la elaboración de reglamentos en materia de archivo, transparencia, obras, adquisiciones, etc. y someterlos a consulta pública durante el proceso de su elaboración, en una especie de cabildo abierto. En resumen, sería recomendable recuperar las buenas prácticas en los municipios mexicanos que destaquen en la materia, así como las de las experiencias exitosas en otros países.
Como podemos darnos cuenta, la academia señala el agudo desorden que existe en las administraciones municipales, en las cuales los alcaldes se convierten en verdaderos caciques de los municipios, ya que el poder se concentra en ellos; por ello es necesaria la reforma del municipio en México, la que, desde luego, debería de hacerse a nivel estatal. Pero, para hacerlo, necesitamos que los diputados que tengamos entiendan cómo y de qué manera hay que modificar la ley. Y como vemos la capacidad de este Congreso, al parecer no es posible, pues si no entienden ni sus funciones, menos comprenderán las de los demás.
Por lo pronto, los dimes y diretes con el Ayuntamiento de Cuernavaca están a la orden del día y el alcalde se defiende de la campaña que, dice, le hacen para desprestigiarlo. Lo importante sería que con hechos demuestre que trabaja en beneficio de la ciudad, pero no con reuniones en las que sólo se hacen declaraciones a las que ya nadie les cree. Es necesario ver el trabajo efectivo, ese que se nota. Y, si no, pregúntenle a los cuernavacenses qué opinan de Alfonso Sandoval, que con un presupuesto mínimo en su gestión demostró cómo debe de trabajarse en favor de la ciudad. ¿No cree usted?
Por Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin