Algo grave que está sucediendo en este país es la toma de casetas de cobro de autopistas por grupos delincuenciales, con una impunidad que no tiene límite; por lo pronto, aquí en Morelos ya se iniciaron los desalojos y, por lo que informa la Fiscalía del Estado, al dar continuidad al proceso jurídico que se sigue en contra de 57 personas adultas, presentadas ante la autoridad judicial por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, un juez de control emitió auto de vinculación a proceso en su contra por los delitos de secuestro exprés, secuestro agravado y asociación delictuosa, en agravio de cuatro víctimas y de la sociedad, persistiendo asimismo la prisión preventiva.
El negocio de estos grupos es bastante jugoso y, al parecer, los que toman la caseta son contratados por mil quinientos pesos, ya que el dinero recaudado se le entrega a la delincuencia; me parece acertada la decisión del Gobernador del Estado de no permitir que se sigan tomando las casetas y que se detenga a los infractores, por lo que, con objeto de realizar el proceso conforme a la ley “En audiencia de vinculación realizada en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, la Fiscalía Especializada aportó los elementos suficientes que permitieron establecer la presunta participación de las 57 personas mayores de edad en delitos relacionados con el secuestro y la asociación delictuosa en agravio de la sociedad”. Y la denuncia tiene como base que el martes 20 de octubre, derivado de una denuncia iniciada por secuestro exprés, mediante operativo táctico realizado por el Grupo Fusión-UECS, conformado por agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC), Fiscalía General de la República–Seido, Delegación Morelos, y de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), se detuvo a un total de 78 personas en la plaza de cobro 184, Francisco Velasco Durán, de la Autopista del Sol.
De esa manera, se actuó conforme a la valoración que realizó el juez de las pruebas presentadas por la representación social en contra de las 57 personas adultas, contra quienes dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de secuestro exprés, secuestro agravado y asociación delictuosa, haciendo prevalecer la prisión preventiva como medida cautelar y concediendo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
De la misma manera, 19 menores de edad fueron igualmente vinculados a proceso por la autoridad especializada en adolescentes, estableciendo el internamiento preventivo en su contra, y dos menores de los 14 años de edad, que son inimputables, por lo que quedaron bajo la protección y resguardo de autoridades del Sistema DIF Morelos.
Todo esto como resultado de las acciones operativas en la plaza de cobro 184, ubicada a la altura del poblado de Alpuyeca, y se ha vinculado a 76 personas -57 adultos y 19 menores de edad-, quedando pendiente para los siguientes días el proceso que se sigue en contra de 68 personas más, detenidas al intentar liberar a las personas aprehendidas sobre la autopista.
La verdad es que, en realidad, es importante que se realicen estas detenciones porque la impunidad con la que se llevaban a cabo es verdaderamente nefasta, por lo que el poner orden es una buena noticia. ¿No cree usted?
Por una omisión de 13 millones 800 mil pesos de una planta valorizadora que fue abandonada al 40% de su construcción, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocaron la no vinculación a proceso que un juez ya había concedido a ex funcionarios; por lo que, en cumplimiento de una ejecutoría de amparo y por segunda ocasión, magistrados del TSJ resolvieron por mayoría revocar la no vinculación a proceso y dictar auto de vinculación a proceso contra Topiltzin “N”, ex Secretario de Desarrollo Sustentable; Sergio “N”, ex Subsecretario de Obras, y José “N”, ex Director General de Licitaciones de la Secretaría de Obras, relacionados con la investigación asentada en la carpeta de investigación FECC/150/2018.
Como se ha señalado reiteradamente, los imputados, teniendo conocimiento -por razón de sus cargos- que pudieran verse afectados por los intereses del Estado, no evitaron la contratación de la empresa AFI Construcciones, la cual no tenía capacidad técnica ni financiera para realizar una planta valorizadora de residuos sólidos en un predio de Yautepec, que es susceptible a inundarse, además que aprobaron el total del pago sin que la constructora entregara completo el trabajo.
Pero, lo que es peor, se demuestra su culpabilidad según nos informaron, ya que expidieron un documento en el que liberan a la empresa de cualquier responsabilidad, lo cual sucedió después de haberles pagado la totalidad del costo de la obra cuando ésta se encuentra a un 40% de su construcción, lo que es a todas luces ilegal; por lo que esperemos que los magistrados juzguen a los responsables conforme a derecho para beneficio de todos. ¿No cree usted?
Por Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin