El estado de Morelos atraviesa una crisis de salud que pocas veces aparece en los titulares, pero que afecta de manera directa a miles de familias todos los días. La situación no se limita a la falta de infraestructura o personal médico. Hablamos de un problema estructural que combina pobreza, violencia, enfermedades crónicas y un sistema hospitalario al borde de la saturación.
Según datos de la Secretaría de Salud, Morelos cuenta con poco más de 300 unidades médicas, entre hospitales, clínicas y centros de salud. Sin embargo, muchos de estos espacios se encuentran en condiciones precarias por falta de médicos especialistas, carencia de medicamentos y equipo obsoleto. La pandemia de COVID-19 dejó al descubierto esta debilidad con hospitales desbordados, largas filas para recibir atención y familias que tuvieron que endeudarse para acceder a servicios privados.
El Hospital General José G. Parres, en Cuernavaca, atiende a una población mucho mayor de la que originalmente fue diseñado. En municipios más alejados como Tlaquiltenango, Tetela del Volcán o Mazatepec, el panorama es aún más complejo y comunidades enteras dependen de pequeñas clínicas rurales con horarios limitados y, muchas veces, sin médico de base.
Uno de los grandes problemas de salud pública en Morelos es el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. La diabetes, la hipertensión y la obesidad han crecido de manera alarmante en la última década. De acuerdo al INEGI, alrededor del 12% de la población adulta del estado ha sido diagnosticada con diabetes, mientras que más del 20% vive con hipertensión.
Estas enfermedades no sólo representan un alto costo económico para las familias y el sistema de salud, sino que también se convierten en un factor de vulnerabilidad ante otras condiciones médicas. En zonas rurales, muchas personas ni siquiera saben que padecen estos males, porque no tienen acceso a revisiones periódicas.
Otro tema que rara vez se aborda en la agenda pública es la salud mental. El consumo de drogas, la depresión y la ansiedad han ido en aumento, especialmente entre los jóvenes. En Morelos, el crecimiento de la violencia y la inseguridad también ha dejado huellas invisibles en la población con familias desplazadas, niños huérfanos y comunidades enteras viviendo con miedo constante.
Pese a la magnitud del problema, los servicios de salud mental en el estado son escasos. Los pocos centros de atención existentes están concentrados en Cuernavaca y Cuautla, dejando desprotegidos a municipios rurales. Además, el estigma cultural alrededor de la atención psicológica hace que muchas personas eviten buscar ayuda hasta que la situación se vuelve crítica.
La ola de violencia que atraviesa Morelos también tiene consecuencias directas en el sector salud. Los hospitales reciben de manera constante a víctimas de agresiones con armas de fuego y armas blancas, lo que no sólo presiona la infraestructura hospitalaria, sino que también genera un ambiente de inseguridad para el propio personal médico.
Asimismo, la violencia impacta en la salud pública a través del miedo. Hay comunidades donde las brigadas médicas ya no entran por riesgo a ser asaltadas o agredidas. En regiones como el oriente del estado, algunas clínicas han tenido que cerrar temporalmente por amenazas, dejando a la población sin servicios básicos.
La prevención es uno de los pilares más importantes de cualquier sistema de salud, pero en Morelos las campañas de información y educación son insuficientes. Enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya siguen siendo recurrentes cada temporada de lluvias, debido a la falta de programas permanentes de fumigación y a la poca concientización sobre medidas de higiene.
En el tema reproductivo, persiste la falta de acceso a métodos anticonceptivos en zonas rurales, lo que genera embarazos adolescentes y complicaciones en partos. Aunque el estado cuenta con un marco legal que permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, muchas mujeres carecen de información y acceso a servicios seguros, lo que las expone a prácticas clandestinas.
La insuficiencia del sistema público obliga a muchas familias a recurrir a clínicas y hospitales privados. Esto significa un gasto desproporcionado para personas que viven con salarios mínimos o trabajos informales. No es raro escuchar testimonios de familias que venden pertenencias, se endeudan o incluso pierden su patrimonio para poder costear tratamientos médicos.
El acceso desigual a la salud también marca una brecha social; mientras quienes tienen seguro privado reciben atención inmediata, la mayoría debe esperar meses para una cita con un especialista en el sector público.
El reto para mejorar la salud en Morelos no es menor. Requiere inversión en infraestructura, contratación de médicos y enfermeras, programas de prevención y educación, y una atención real a la salud mental. También es urgente garantizar la seguridad de brigadas y hospitales, porque sin condiciones mínimas de protección, el personal médico no puede hacer su labor.
Además, es necesario replantear la relación entre gobierno, universidades y sociedad civil, para impulsar campañas de prevención que lleguen a cada rincón del estado. La salud no puede ser vista como un gasto, sino como una inversión indispensable para el bienestar y el futuro de Morelos.
La salud en Morelos es hoy un espejo de la desigualdad con hospitales saturados en las ciudades, clínicas abandonadas en las comunidades rurales, familias endeudadas para salvar a un ser querido. La crisis no surgió de un día para otro, pero se ha agravado en los últimos años y amenaza con convertirse en un problema aún más profundo si no se toman medidas urgentes.
La ciudadanía lo sabe, cuidar la salud en Morelos sigue siendo, para muchos, una carrera contra el tiempo y contra un sistema que no alcanza. ¿No cree usted?
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