El senado aprueba otra más de las reformas propuestas por el Ejecutivo, en esta ocasión se aprobó recientemente con 77 votos a favor y 30 en contra, la ambiciosa Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La cual se encargará de sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para darle paso a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, fortaleciendo la presencia de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el cual sigue siendo dependiente del Poder Ejecutivo.
Esta Ley trae consigo ciertos beneficios así como varias cuestiones que analizar, por ejemplo, la reforma promueve una meta de cobertura anual que prioriza zonas marginadas, otorgando incentivos económicos a pequeños operadores, concesionarios comunitarios, indígenas y afromexicanos. Se anticipa una expansión real de banda ancha en áreas rurales por medio de descuentos en el uso del espectro radioeléctrico, así como también obliga a las empresas a entregar celulares desbloqueados, tanto en modalidad prepago como por contrato. Se incorporan mecanismos que buscan evitar abusos, pero garantizan al usuario la libertad de cambiar de operador sin trabas.
Se restablecen figuras como defensorías de audiencia para medios de radio y TV, códigos de ética y la clara separación entre información y opinión -veremos hasta donde se ve vulnerado nuestro derecho a la información-. También se refuerza la inclusión: se exigen estándares de accesibilidad para personas con discapacidad. La ley penaliza la transmisión de propaganda de gobiernos extranjeros —salvo fines culturales, turísticos o deportivos—, con multas de hasta el 5 % de los ingresos. Esta medida surge de la controversia por anuncios antiinmigrantes difundidos en medios mexicanos.
Hasta aquí todo pinta bien, pero veamos los bemoles de la misma, empezando por la desaparición del IFT, organismo autónomo desde 2013, y su reemplazo por una agencia alineada al Ejecutivo ha generado desconfianza, algo que este regimen supuestamente quiere elminar “la desconfianza de los organismos”. Existen dudas sobre la verdadera independencia de la CRT, cuyos miembros son designados por el gobierno. Organismos como Artículo 19, Observatel y R3D advierten que la falta de separación jurídica y presupuestal podría minar la neutralidad regulatoria.
A esto sumémosle el ataque directo a la privacidad y libertad de expresión, aunque el artículo polémico 109 —que permitía el bloqueo de plataformas digitales sin juicio— fue removido, el dictamen aún permite geolocalización en tiempo real y acceso a datos conservados bajo supuestos ligados a la seguridad, pero sin estándares claros de control judicial.
Y aunque se reconocen los medios indígenas y comunitarios, la ley no garantiza mecanismos de acceso al espectro ni favorece trámites simplificados.
En esencia, la reforma plantea un dilema estructural: por un lado, ofrece herramientas para democratizar el acceso a Internet y regular con mayor fuerza el oligopolio telco y mediático; y por otro, concentra en el Ejecutivo poderes regulatorios y de supervisión potentes, con riesgos reales sobre derechos fundamentales.
Esta reforma podría ser un avance significativo para la conectividad y la inclusión digital. Sin embargo, su éxito dependerá del equilibrio entre modernización y respeto irrestricto a las libertades. No permitas que la apatía o la falta de información pase factura: tu voz y vigilancia son esenciales para construir un marco regulatorio genuinamente democrático. ¿No cree usted?
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