La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora del Partido del Trabajo en el Congreso de Morelos, aclaró:
“Ni en lo personal, ni como coordinadora del Partido del Trabajo, y menos como presidenta de la Junta Política y de Gobierno, participé y mucho menos encabecé autorización alguna para la compra de vehículos de la marca Volkswagen, para ser utilizados por los 20 diputados locales.
“A mayor abundamiento, aclaro que, como consta en el oficio adjunto, no existe acta alguna que justifique ninguna compra de automóviles. De hecho, hago constar que, a la fecha, el Congreso del Estado de Morelos, tiene en propiedad un solo vehículo y es de carga al servicio del área administrativa”.
Además, afirmó que “en ningún momento asistí a la sesión de la Conferencia para preparar los Trabajos Legislativos del día 10 de julio, donde se autorizó la compra de vehículos para diputados por parte del Presidente del Congreso.
“Y desde luego, afirmo categóricamente, que, de continuar el presidente del Congreso con dicho procedimiento, de ninguna forma aceptaré vehículo alguno”.
Por su parte, Ariadna Barrera Vázquez, diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, reconoció que el gasto de siete millones de pesos en la compra de 23 vehículos nuevos emitiría un mensaje negativo a la ciudadanía; se hizo público que su partido les envió una comunicación para pedir a los legisladores de su fracción parlamentaria que mantuvieran una línea austera, en congruencia con las solicitudes del presidente de México, Andes Manuel López Obrador.
Continuó diciendo: “Es probable, pero, desafortunadamente, recordemos (que) la Legislatura pasada nos dejó sin computadoras, sin muebles y sin vehículos”, justificó. “Nos dejó esto hecho un caos”. En torno a ello, acotó: “De repente se escucha un poco fuerte y escandaloso”; insistió en que la utilidad de los carros se extenderá para satisfacer las necesidades de otras áreas.
Precisó que, con base en las explicaciones que dio, hace unos días, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, las unidades “no se han comprado; está la propuesta, la cual se está revisando”. Y agregó que serían para “uso exclusivo de los diputados”. Para más adelante señalar que también estaría involucrado, en el uso, el personal que labora en el Congreso, que “tiene algunas complicaciones para trasladarse”. Consideró como una posibilidad que se adquiera un número menor. Se tomarían en cuenta los eventos que se hacen, para, en función de eso, escoger el tipo de insumo.
Ariadna Barrera, en entrevista, expuso que, después del análisis, se buscará llegar al consenso, pero con el antecedente de que sabemos que en estos momentos la opinión pública consideraría que esta acción no es la adecuada, y que, desde luego, iría en contra de los principios de la Cuarta Transformación.
La legisladora externó que no conoce el proyecto: “… no sé por qué serán 23; pero hay que revisarlo, para informar…” Algunos quehaceres se han “sacado adelante” con recursos propios. Estas declaraciones fueron secundadas por su homólogo, el diputado Héctor Javier García Chávez, quien también señaló que a los diputados no les expiden viáticos.
Sobre el juicio político, que un abogado presentó contra quienes aprobaron un acuerdo, que reduce el ciclo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de 20 a 14 años, finalizó que “tendríamos que revisarlo”; en esencia, su esquema legal. Asimismo, no conoce el documento ni los términos en que fue emitido. “No sé cuál sea la causa”. Argumentó que son imparciales, “con la garantía de que se cumpla la ley”.
O sea que no ha revisado nada y no sabe a ciencia cierta lo que declaran, pero sí es de tomar en cuenta la nota de la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno, que señaló tajantemente no estar de acuerdo con esta compra; así que, al parecer, no habrá compra de vehículos para el Congreso, que es lo mejor para el estado. ¿No cree usted?
Teodoro Lavín León
totolavin@outlook.com