Según revela la duodécima edición del Índice de Paz México 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), 9 de cada 10 de las personas que viven en Morelos consideran que residir en esta entidad representa un alto riesgo para su integridad y bienestar. Este nivel de miedo a la violencia es el más elevado de todo el país, y marca la primera vez —desde que existen registros comparables desde 2015— en que Morelos ocupa el fondo del ranking nacional.
Adicionalmente, Morelos fue identificado como el tercer estado más violento de México, luego de triplicar su tasa de homicidios en 2024. La zona metropolitana de Cuernavaca concentró 226 homicidios ese año, lo que corresponde a una tasa de 67.2 por cada 100 mil habitantes, una cifra dramáticamente alta que explica en buena parte la percepción social de inseguridad.
Otros delitos que han incidido gravemente en el deterioro de la paz local incluyen la violencia de género, la extorsión y el narcomenudeo, que afectan el día a día de las y los morelenses.
Frente a este escenario, la gobernadora ha adoptado una narrativa más optimista. El gobierno estatal informa acciones concretas: incremento de operativos, detenciones, decomisos de droga, instalación de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, rescate de espacios públicos y certificación de policías municipales, así como programas enfocados en víctimas y dignificación policial.
Desde esa perspectiva, se afirma que Morelos ha avanzado en el endurecimiento institucional y en la coordinación federal, buscando sostener una reducción en delitos como los homicidios. Incluso se reportaron reducciones en homicidios dolosos en hasta un 36 % durante los primeros seis meses de 2025, en comparación con 2024.
La misma gobernadora ha hecho llamados a la ciudadanía para participar en programas preventivos — como alertas ante extorsiones telefónicas— e invita al diálogo para reactivar espacios públicos y económicos. Esas declaraciones, sin embargo, contrastan con la realidad que revelan los datos del Índice de Paz y la percepción ciudadana generalizada.
El contraste entre las cifras oficiales y el sentir popular no es nuevo en México. Según encuestas del INEGI, incluso otros estados que reportan reducciones en ciertos delitos siguen exhibiendo altos niveles de percepción de inseguridad. En todo el país, entre el 60 % y 70 % de la población se siente insegura en su localidad, aun cuando el número de homicidios esté disminuyendo.
En el caso específico de Morelos, el recurso de citar datos estadísticos en boca de las autoridades no ha logrado revertir el nivel de temor cotidiano, ¿será acaso que los funcionarios viven una realidad distorsionada con sus camionetas blindadas y su séquito de guardaespaldas y por eso viven sin miedo?
Es evidente que Morelos enfrenta una crisis de seguridad que exige tanto transparencia institucional como participación activa de la sociedad.
Es crucial que la población conozca los datos oficiales y los contrastes con la percepción real. Como morelenses debemos de participar en reuniones de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, auditar avances en tiempo real y exigir rendición de cuentas, lo que debe ser un ejercicio cotidiano.
Además de colaborar ante el silencio institucional, las víctimas y colectivos afectados por violencia de género, desapariciones o extorsiones deben organizarse con apoyo de defensorías y organizaciones de derechos humanos para proyectar su voz, y exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado, lo que en gobiernos anteriores nunca se hizo.
Morelos vive un momento crítico en términos de paz social. El Índice de Paz México 2025 no es sólo un ranking: es un reflejo de cómo el miedo se ha convertido en rutina. Y cuando el 90 % de la población afirma sentirse insegura, las declaraciones optimistas del gobierno resultan insuficientes si no van acompañadas de acciones verificables y claras.
Por eso, la responsabilidad recae también en la ciudadanía: no como objeto pasivo, sino como motor de cambio que colabore en hacer de Morelos un lugar más seguro. La gobernadora puede ofrecer cifras y discursos, pero sin corresponsabilidad social esas palabras seguirán chocando con la realidad que viven miles día tras día.
Este es, finalmente, un llamado a no resignarse. La paz no se delega sólo al gobierno: se construye desde la colectividad decidida a no normalizar el miedo. ¿No cree usted?
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