El Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría calificada la reforma en materia de simplificación orgánica, so pretexto de dar mayor eficiencia al servicio público, lo que implica la desaparición de siete órganos autónomos. Entre los organismos que dejarán de existir se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La reforma, que fue aprobada con 86 votos a favor y 42 en contra, supuestamente busca reducir la duplicidad de funciones y mejorar la eficiencia administrativa. Sin embargo, ha generado controversia y críticas sobre el posible debilitamiento de la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
Además de la desaparición del INAI y la Cofece, la reforma también contempla la extinción de otros cinco organismos, incluyendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
La desaparición de estos organismos, se afirma, generará un ahorro de 4,422 millones de pesos, que serán destinados al Fondo de Pensiones del Bienestar. Las funciones de los organismos extintos serán asumidas por diversas secretarías de Estado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y un nuevo órgano desconcentrado que sustituirá a la Cofece e IFT.
La desaparición de los organismos autónomos generará un impacto significativo en la estructura del gobierno mexicano. Es importante que se tomen medidas para garantizar que la transparencia y la rendición de cuentas sean protegidas y promovidas en el país.
Los organismos autónomos que desaparecen son el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
La desaparición de los organismos autónomos forma parte del paquete de 20 reformas enviadas al inicio del año por López Obrador, junto con la polémica reforma judicial y la militarización de la Guardia Nacional.
La Cofece será absorbida por la Secretaría de Economía; el IFT por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Trasportes; Coneval por el Inegi; el INAI por la Secretaría de la Función Pública, Poder Judicial, contralorías, INE, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y Ejecutivo Federal; la CNH y el CRE por la Secretaría de Energía.
El Presupuesto aprobado en 2024 para estos organismos fue de 4,578 millones de pesos; en el proyecto de presupuesto 2025 la cantidad planteada fue de 4,002 millones de pesos. El presupuesto de los organismos será destinado al
Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Además, se afectarán los acuerdos comerciales.
Tendrá que verse el planteamiento porque el capítulo 18 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) exige la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente e imparcial y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos en el sector, en tanto que el capítulo 21 determina la obligación de contar con una autoridad de competencia responsable de la aplicación de la ley y dar trato no menos favorable a personas de los países miembros.
Asimismo, el capítulo 22 incluye una disposición sobre la necesidad de garantizar que los organismos reguladores de empresas del Estado —Pemex y CFE— ejerzan sus obligaciones de regulación de manera imparcial, y el Acuerdo Global MéxicoUnión Europea establece la independencia regulatoria en materia energética.
La desaparición del INAI afectará la capacidad de rendición de cuentas del gobierno; la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas es un elemento clave para lograr los compromisos del T-MEC en materia de anticorrupción, incluidos en el capítulo 27. Además, su desaparición impactaría en la participación de la sociedad civil en asuntos públicos y privados de su incumbencia.
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