Un empleado de un laboratorio clínico fue detenido el pasado 6 de enero en Chihuahua, luego de que un joven de 19 años lo acusara de presunto abuso sexual durante un procedimiento médico; sin embargo, en una etapa posterior del proceso, un juez declaró ilegal la detención y ordenó su liberación, hecho que provocó indignación ciudadana y un intenso debate social.
De acuerdo con la denuncia, el joven acudió a una sucursal del laboratorio Salud Digna, ubicada en la colonia Deportistas, para realizarse un exudado uretral. Durante el procedimiento, el trabajador que lo atendía presuntamente realizó acciones sin justificación médica y de carácter sexual, incluyendo la introducción de un hisopo por vía rectal y actos posteriores sin consentimiento.
Tras el incidente, la víctima salió del consultorio y solicitó auxilio mediante una llamada al 911, lo que derivó en la llegada de policías municipales y elementos del Grupo Especial K9 de la SSPE, quienes aseguraron en el lugar a Fabián “N”, de 26 años, encargado del laboratorio señalado por el joven.
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de abuso sexual, identificada bajo la causa penal 32/2026. No obstante, durante la audiencia inicial, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua determinó que existieron irregularidades en el protocolo de detención, por lo que declaró ilegal el arresto y ordenó la liberación del imputado, quien quedó en libertad bajo reservas de ley.
La defensa del acusado, encabezada por el abogado Ricardo Márquez Torres, sostuvo que la detención no cumplió con los requisitos legales, argumento que fue avalado por la jueza Alicia de la Rosa Almanza. Ante esta resolución, la Fiscalía de Zona Centro informó que prepara un recurso de apelación, el cual será analizado por una sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado.
En el plano social, el caso generó malestar y desconfianza hacia los protocolos de atención y supervisión en clínicas privadas. En redes sociales, ciudadanos exigieron una revisión de los filtros de contratación y mayores medidas de protección para los pacientes, mientras que activistas en derechos humanos advirtieron que la difusión de burlas y memes constituye un acto de revictimización.
Por su parte, el laboratorio Salud Digna emitió un comunicado en el que refrendó su compromiso con la seguridad y el trato digno de los pacientes, aseguró que colabora plenamente con las autoridades y subrayó que no tolera conductas contrarias a su código de ética. La institución indicó que mantiene procesos clínicos avalados por estándares nacionales e internacionales y que la investigación se desarrolla con respeto al debido proceso.
El caso continúa bajo investigación y ha reabierto la discusión sobre la vulnerabilidad de los pacientes y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y denuncia en el sector privado de la salud.