Mucho hemos criticado la a veces pasiva reacción de los diputados de la quincuagésima quinta legislatura del Congreso del Estado, porque sentimos que la representación ciudadana que ellos llevan no se ve a cabalidad; pero tenemos que reconocer que hay cosas que, a pesar de que no son fáciles, las han realizado buscando consensos, los que al parecer están cada día más difíciles, porque la polarización de los partidos que representan se ha venido haciendo equidistante conforme pasa el tiempo.
Creemos que falta orden y, sobre todo, asesoría jurídica adecuada, pues hay todavía muchas alternativas que pueden usar para enjuiciar a sus antecesores que de una manera descarada sirvieron al ejecutivo de rodillas, olvidándose de su origen y de a quién se debían, y todo por dinero; esa, sin duda, es una de las grandes molestias de los ciudadanos que los eligieron.
La pasada legislatura fue de escándalo en escándalo y fueron especialistas en realizar “magias financieras”, ya que hicieron desaparecer millones de pesos sin que a la fecha nadie sepa dónde quedaron.
Ahora lo que podemos ver son diputados apegados a sus partidos, y sobre todo a quienes los mandan y, sobre todo, tratando de hacer algo; lo que no podemos entender los ciudadanos es por qué no les fincan responsabilidad a los anteriores diputados, cuando está a la vista la desaparición de los recursos.
Desde luego, les tenemos que reconocer que hayan acabado con las “pensiones doradas” que, por instrucciones del ex gobernador, les entregaron a 70 funcionarios a base de documentos falsos; a la fecha se han echado para atrás 24 de ellas, en las que desde luego de una manera más burda fue más fácil encontrar irregularidades graves, entre las cuales al parecer destaca la falsificación de documentos oficiales, lo que nos parece muy bien. Ahora tendrán que entrarle a fondo para ver quiénes dieron esos documentos, quiénes los firmaron y hacerlos responder por engañar a uno de los poderes del estado; de la misma manera, se deberá de realizar una investigación y las acusaciones pertinentes para quienes aprobaron los falsos documentos con los cuales les entregaban recursos financieros para toda su vida, de los amigos, ex colaboradores y familiares de una de las vergüenzas más grandes que ha tenido Morelos: la familia Ramírez Cepeda.
El robo a través de las “pensiones doradas”, que aprobaron los ex diputados, es verdaderamente un atentado contra el estado de Morelos y ahora esta legislatura deberá de buscar los requisitos legales para enjuiciar a los ex diputados por haber realizado dicha aprobación en contra de las finanzas gubernamentales.
Si algo está claro es que la pasada legislatura logró que la ciudadanía los rechazara y, a la hora de llegar una nueva, pide justicia para con los esbirros del ex gobernador. No puede ser que, después de acabar con los derechos políticos de los morelenses al desaparecer la Ley de Participación Ciudadana, para no permitir que la revocación de mandato le fuera aplicada al ex mandatario, pues estaban conscientes del rechazo ciudadano, aprobando una ley a medias, sin el consenso ciudadano, como una burla al pueblo de Morelos.
El cinismo fue tan grande que se robaron el presupuesto de una manera totalmente impune y no dejaron títere con cabeza, se repartieron el dinero de la manera más descarada, frente a todos y sin ningún recato, con una ambición desmedida por el dinero público que nunca habíamos visto; fuimos pocos los que los criticamos de manera frontal, pero con los recursos que no cuestan se puede gastar de manera arbitraria, como lo hicieron los miembros de la pasada legislatura.
Bien por los diputados al echar abajo esas “pensiones doradas”, pero es sólo una parte de su obligación. Deberán de investigar y denunciar todas y cada una de las irregularidades que la pasada legislatura realizó, para que los morelenses volvamos a creer en nuestras autoridades.
Tenemos que buscar a los responsables de tanto desfalco: los que aprobaron las cuentas de una administración que robó a todos los morelenses y que, al parecer, la fiscalía anticorrupción no ha podido investigar adecuadamente, lo que lo hace sospechoso de inicio.
Los ciudadanos estamos hartos de que nos roben con el descaro que lo han hecho y queremos justicia. Si hay que meter a la cárcel a la mayoría de los ex legisladores de la LIII legislatura que lo lleven a cabo, porque no se puede permitir que el robo al estado quede en la total impunidad.
Queremos justicia, no venganza. A los ladrones los queremos en la cárcel, es un sentir ciudadano y única manera de limpiar su imagen. ¿No cree usted?
teodoro lavín león
lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin