En los últimos días, diversas barras y colegios de abogados del país han alzado la voz en defensa de uno de los pilares fundamentales de toda democracia: la libertad de expresión. No es casualidad ni exageración. Sus comunicados y pronunciamientos son respuesta a una preocupante escalada de actos de censura disfrazados de legalidad, provenientes de instancias gubernamentales que, lejos de proteger los derechos humanos, los utilizan como moneda de cambio en el juego político.
La libertad de expresión no es un privilegio, es un DERECHO. Un derecho que permite a la ciudadanía opinar, denunciar, cuestionar, disentir y, sobre todo, participar activamente en la vida pública. Esta libertad no sólo ampara al periodista o al medio de comunicación, protege a toda persona que, desde una red social, un micrófono, una pancarta o una columna como esta, ejerce su libertad para decir lo que piensa, especialmente cuando se trata de señalar abusos o irregularidades.
Las manifestaciones de las barras de abogados no se han quedado en la retórica. Se han pronunciado con claridad: el Estado Mexicano, en distintos niveles, está utilizando instrumentos jurídicos —como denuncias penales, demandas civiles, multas administrativas o mecanismos de fiscalización desproporcionada— para intimidar a quienes se atreven a alzar la voz. Esto no sólo es preocupante, sino profundamente peligroso.
Los gobiernos autoritarios no empiezan con tanques en las calles, sino con silencios forzados. Primero se censura a los críticos incómodos, luego se persigue a los periodistas, y más tarde se castiga al ciudadano común por atreverse a pensar de modo distinto. Por eso, cuando las instituciones que históricamente han sido garantes de la justicia y la legalidad —como lo son las barras de abogados— denuncian estas prácticas, hay que escucharlas con atención.
No se trata de defender a una persona o grupo en particular. Se trata de proteger el marco constitucional que nos rige a todos. Si permitimos que la crítica pública sea castigada con leyes hechas a modo, con procesos judiciales abusivos o con campañas de difamación desde las estructuras del poder, estamos minando las bases mismas de nuestra convivencia democrática.
En distintos estados del país ya hemos visto cómo las autoridades han emprendido acciones legales contra periodistas, líderes sociales, activistas, académicos y hasta ciudadanos que simplemente expresaron una opinión incómoda. En lugar de abrir el diálogo, se opta por la denuncia. En lugar de debatir, se amenaza. En lugar de convencer, se impone el miedo.
Frente a esto, la postura de las barras de abogados ha sido clara: el uso del derecho como herramienta de represión es una perversión del sistema jurídico. Las leyes no deben ser utilizadas para amedrentar, sino para garantizar libertades. El derecho no es el arma del poderoso, sino el escudo del ciudadano.
Pero no basta con que las barras hablen. La sociedad también debe hacerlo. Porque si bien la libertad de expresión es un derecho individual, su defensa es una responsabilidad colectiva. No podemos permitir que se normalice la censura ni que el silencio se imponga por temor a represalias legales. Callar hoy por conveniencia o por miedo puede significar no tener voz mañana, cuando ya sea demasiado tarde.
Es momento de participar, de exigir que nuestras instituciones respondan con apego a la Constitución y a los tratados internacionales que México ha firmado y demandar que los poderes públicos actúen con transparencia y tolerancia frente a la crítica, así como es preciso respaldar a quienes, desde cualquier trinchera, arriesgan su integridad por ejercer su derecho a expresarse libremente.
Como ciudadanos, debemos estar alertas, informados y activos. La defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en abogados, periodistas o activistas. Es una causa que nos atañe a todos. Porque sin libertad para hablar, no hay posibilidad de cambiar nada. Y sin posibilidad de cambio, lo único que queda es la sumisión.
Hoy más que nunca, defender la palabra es defender la democracia. Escuchemos el llamado de quienes conocen la ley y la han puesto al servicio de la verdad. Unámonos a su exigencia, porque cuando la justicia se pone del lado del poder y no de la libertad, el silencio deja de ser una opción y se vuelve complicidad. ¿No cree usted?
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