De una manera clara y con el conocimiento legal de las cosas, Uriel Carmona, el Fiscal General del Estado, señaló que presentó y aprobó en tiempo y forma el examen de control de confianza en cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que afirmó que son infundadas las acusaciones que hizo en su contra la Fiscalía General de la República ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Informó, en conferencia de prensa, que ya fue notificado de manera oficial por la Cámara de Diputados Federal sobre el procedimiento que se inició en su contra y que deriva de la supuesta falta de sus exámenes de control de confianza, por lo que, en automático, presuntamente estaría realizando un ejercicio indebido de la función pública, siendo firme al señalar que se sujetó a dichos exámenes de control y confianza, al precisar que la interpretación de la norma jurídica no establece que debió realizar la evaluación antes de su designación, sino más bien con posterioridad a ésta, tal como sucede con sus pares de las demás entidades federativas.

La Fiscalía General del Estado, puntualizó, cuenta con autonomía constitucional y su función primordial es la persecución de los delitos como una de las necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, contando con autonomía financiera, independencia en su estructura orgánica y facultad reglamentaria, cumpliendo con ello las funciones elementales del Estado Mexicano, sin filias ni fobias. Advirtió que está en juego la institución del Ministerio Público del Estado de Morelos y, por ello, se buscará evitar que se atente contra su autonomía constitucional en desprecio del estado de derecho que enarbola el pacto federal que permite la gobernabilidad en los estados y el país.

Destacó que cuando fue designado Fiscal General del Estado, en el mismo mes de febrero del año 2018, inició la programación de sus evaluaciones ante la Dirección de Control de Confianza del Centro de Investigación y Seguridad Nacional donde, tras cumplir con los procedimientos respectivos, presentó y aprobó satisfactoriamente los exámenes, razón por la cual fue notificado por la propia Fiscalía General de la República.

La denuncia fue realizada luego de que el 14 de diciembre pasado el Fiscal Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, Emiliano Villa, y la agente del Ministerio Público Federal, Montserrat Reyes, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, ratificaron ante la Cámara de Diputados Federal la solicitud de declaración de procedencia contra Uriel Carmona, ya que –supuestamente- hizo nombramientos de fiscales que no cumplían los requisitos legales y no estaban calificados para esos cargos, además de haber incurrido en omisiones y delitos que se prevén en el Código Penal Federal y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Fue claro al señalar que resulta inusitado “que la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General de la República, haya presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una solicitud de declaración de procedencia en contra del suscrito por mi supuesta responsabilidad penal como Fiscal General del Estado de Morelos”. Cuestionó que el señalamiento por la falta de exámenes sea de competencia de la SEIDO, justamente porque no tiene que ver con delincuencia organizada ni mucho menos con terrorismo, acopio o tráfico de armas; y aseveró que al pretender impulsar un desafuero desde el Congreso de la Unión se estaría buscando sustituir la competencia del Congreso Local, implicando con ello un atentado a la soberanía de ese poder en Morelos.

Fue reiterativo al señalar que queda de manifiesto que el señalamiento por la supuesta falta de exámenes en realidad no es competencia jurídica de la SEIDO, justamente porque no tiene que ver con delincuencia organizada y mucho menos con terrorismo, acopio o tráfico de armas; y agregó que lo infundado de las acusaciones quedará para el análisis de la Cámara del Congreso Federal, sin perder de vista que lo que está en juego es la institución del Ministerio Público del Estado de Morelos, por lo que se debe evitar que se atente contra su autonomía constitucional en desprecio del estado de derecho que enarbola el pacto federal, que permite la gobernabilidad en los estados y en el país; pero no señaló a los actores políticos que serían responsables de esta maniobra.

Finalmente, reiteró su posición respecto a todas las instituciones, ya que estará atendiendo el proceso por la vía jurídica, observando los preceptos de legalidad y justicia a cuya observancia todos los mexicanos estamos obligados.

Una denuncia sui géneris. Veremos qué sucede. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin